El escenario político boliviano se ha visto sacudido por las recientes declaraciones del diputado Carlos Alarcón, representante de la agrupación Alianza Unidad, quien ha lanzado duras críticas contra dos de las figuras más prominentes del sistema judicial y de derechos humanos del país: el Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo. Estas acusaciones surgen en el contexto de los conflictos sociales que han afectado al país durante más de 50 días, marcados por bloqueos y movilizaciones.
De acuerdo con las declaraciones brindadas a Urgente.bo el pasado miércoles 24 de junio de 2026, el legislador Alarcón cuestionó severamente el desempeño de ambas autoridades durante el periodo de crisis. El diputado sostuvo que tanto el Fiscal General como el Defensor del Pueblo han mantenido una postura que, a su juicio, ha intentado favorecer de manera sutil y disimulada la violencia criminal ejercida por los dirigentes y los manifestantes que implementaron los bloqueos en diversas regiones del país.
En relación con el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, Alarcón expresó que sus actuaciones carecieron de la independencia e imparcialidad necesarias para el ejercicio de su cargo. El legislador puso especial énfasis en el hecho de que Mariaca haya asumido el rol de "garante" en el diálogo impulsado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Para Alarcón, esta función fue inapropiada, ya que consideró que la responsabilidad primordial del Fiscal General debería haber sido la aplicación rigurosa de la ley frente a los hechos de violencia, actos de vandalismo y presuntos delitos de terrorismo que acompañaron las movilizaciones, especialmente en ciudades críticas como La Paz y El Alto.
Aunado a estas críticas, el diputado denunció que se encuentra siendo víctima de una "represalia" directa por parte del Fiscal General del Estado. Según Alarcón, tras haber cuestionado públicamente la gestión de Mariaca, recibió una citación oficial de la Fiscalía de Sucre para declarar en calidad de testigo dentro de un proceso relacionado con presuntos delitos internos del Ministerio Público. El legislador calificó este procedimiento como un claro intento de "intimidación", sugiriendo que la acción judicial es una respuesta al ejercicio de su labor fiscalizadora y crítica.
Por otro lado, el diputado Alarcón dirigió sus críticas hacia Pedro Callisaya, el Defensor del Pueblo. El legislador afirmó que Callisaya se desvió de su misión institucional, asegurando que, en lugar de actuar como un defensor de todos los ciudadanos, se comportó como un "defensor del MAS". Alarcón criticó que la autoridad se enfocara en la creación de corredores humanitarios y en promover lo que denominó "dialoguitis" y "cuartos intermedios", mientras el estado de desastre económico y humanitario del país se agravaba con el paso de los días. El diputado resaltó que Callisaya priorizó la protección de los bloqueadores por encima de los derechos humanos de millones de ciudadanos que se vieron afectados por las medidas de presión.
La controversia no terminó con las declaraciones de Alarcón, ya que otros legisladores también expresaron su postura sobre el desempeño de estas autoridades. Ricardo Rada, diputado del PDC, manifestó que, si bien se esperaba un papel más protagónico y activo por parte del Fiscal General Roger Mariaca —especialmente en la imputación y arresto de quienes cometieron delitos—, consideró que aún existe la oportunidad de que el Ministerio Público cumpla con las expectativas ciudadanas en el desenlace de las movilizaciones. Respecto al Defensor del Pueblo, Rada coincidió en que la institución se encuentra "parcializada", sugiriendo la necesidad de analizar mecanismos para cambiarla.
Finalmente, Rafael López, diputado de la agrupación Libre, ofreció una visión dividida. Por un lado, señaló que el Fiscal General Mariaca sí cumplió con su labor. Sin embargo, fue tajante al criticar a Pedro Callisaya, afirmando que su gestión demostró que no actuó como defensor del pueblo, sino que se dedicó a defender a delincuentes. Ante este panorama, López enfatizó que la Defensoría del Pueblo debería ser refundada para recuperar su propósito original.
