El ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien es también un dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), manifestó públicamente su sorpresa y preocupación ante la noticia de que vehículos pertenecientes al Ejército comenzarían a patrullar los barrios más violentos del país. El jerarca señaló que este tema deberá ser discutido profundamente dentro del gobierno para determinar "si es de recibo o no" la implementación de una medida de esta naturaleza.
Durante una entrevista concedida este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10, Castillo fue enfático al describir su reacción inicial ante la información. Según sus propias palabras, si el ciudadano se queda únicamente con la primera noticia recibida, el impacto es "bastante shoqueante". El ministro explicó que no solo le impactó la noticia en sí, sino la manera en que esta fue trasladada, indicando que hubo declaraciones posteriores que no fueron de su agrado.
En medio de este escenario, Castillo destacó la postura de la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Según el ministro de Trabajo, Lazo ha aclarado que el asunto no está totalmente resuelto. La ministra de Defensa habría planteado que, ante la situación actual de combate a la delincuencia y la necesidad de reforzar la seguridad pública que demanda la ciudadanía uruguaya, es necesario evaluar la utilización de ciertas herramientas disponibles, como los móviles militares para ingresar a los barrios. No obstante, Castillo subrayó que aún no se ha decidido formalmente el mecanismo de aplicación, ni se ha confirmado si se utilizarán esos vehículos específicamente o en la cantidad que se ha llegado a mencionar en diversas informaciones.
La controversia se intensifica al contrastar estas declaraciones con las palabras del presidente de la República, Orsi. El mandatario había afirmado el martes anterior que el camino ya estaba trazado y que solo restaba definir "cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo", asegurando que dicho aspecto técnico sería solucionado. Al ser consultado sobre esta divergencia de visiones, el ministro Castillo respondió que, dado que el presidente de la República es el elegido por la ciudadanía, su posición tiene un peso fundamental en la toma de decisiones.
A pesar del respeto a la jerarquía presidencial, Castillo fue claro al afirmar que, desde su perspectiva personal y profesional, la medida "no es una buena cosa". El ministro argumentó que la imagen de ver calles patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no resulta positiva para el conjunto de la sociedad uruguaya. Para Castillo, existe una frontera muy delicada en cuanto a las responsabilidades institucionales que no debe ser cruzada.
En su análisis, el jerarca enfatizó la diferencia fundamental entre los roles de las fuerzas de seguridad. Por un lado, destacó que la Policía actúa como la guardia civil encargada de la seguridad pública, mientras que el Ejército tiene como función principal la defensa de la soberanía nacional. Castillo advirtió que se debe tener mucho cuidado para no confundir estos roles, ya que se trata de misiones institucionales bastante distintas.
Otro punto crítico abordado por el ministro fue la gestión de la comunicación interna del Ejecutivo. Castillo hizo un llamado a manejar una "información única" dentro del gobierno sobre temas de esta sensibilidad. El ministro de Trabajo confesó que él no poseía información previa sobre esta propuesta o decisión, la cual habría sido adoptada o discutida únicamente entre el presidente Orsi, la ministra de Defensa y el ministro del Interior.
Castillo reiteró que no sabía si había existido información previa al respecto y que, actualmente, se encuentra en una etapa de discusión sobre si el uso de una camioneta militar es aceptable o no. Finalmente, recordó que la ministra Sandra Lazo informó que presentará una propuesta formal ante el Consejo de Ministros, siendo esta la información que ha sido trasladada orgánicamente al Frente Amplio.
