A quince años de la adopción del Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la situación de las personas que se dedican al servicio doméstico remunerado en América Latina y el Caribe sigue presentando desafíos estructurales profundos. Ana Virginia Moreira Gomes, directora Regional de la OIT para la región, ha señalado la necesidad urgente de acelerar los cambios para garantizar una protección efectiva y el reconocimiento pleno de los derechos laborales de este sector.
La adopción de este convenio en 2011 marcó un hito histórico al establecer formalmente que el trabajo doméstico es trabajo. Esta declaración permitió que quienes desempeñan estas labores fueran reconocidos como sujetos de derechos, con el derecho a acceder a las mismas protecciones y garantías que el resto de la fuerza laboral. El impacto de este reconocimiento es fundamental, dado que el trabajo doméstico constituye un pilar esencial para el sostenimiento de las familias, las sociedades y las economías globales.
Las funciones desempeñadas por estas personas son diversas y críticas. Su labor incluye la limpieza de hogares, la preparación de alimentos y el cuidado de viviendas y jardines. De manera aún más significativa, brindan cuidados y apoyo fundamental a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, asegurando la operatividad de los sistemas de cuidado en el ámbito privado.
Sin embargo, la realidad en América Latina y el Caribe revela una marcada brecha de género. Cerca de 13,5 millones de personas trabajan en este sector en la región, y aproximadamente el 90 por ciento de ellas son mujeres. Esta cifra convierte al trabajo doméstico en una de las ocupaciones más feminizadas de la región, donde las trabajadoras continúan enfrentando una realidad dominada por la informalidad, una representación escasa y un acceso muy limitado a los derechos laborales y a la protección social.
A pesar de que algunos países han avanzado en la ampliación de la protección laboral, la aplicación efectiva del derecho sigue siendo insuficiente. Según datos de 2021, aunque la cobertura de la legislación laboral para el sector doméstico aumentó a nivel global en 15 puntos porcentuales, la situación regional es preocupante. En América Latina y el Caribe, solo una de cada cinco personas trabajadoras domésticas cuenta con cobertura de seguridad social, mientras que cerca de ocho de cada diez se encuentran en situación de informalidad.
Esta elevada tasa de informalidad no es solo un dato estadístico, sino que tiene consecuencias directas en la vida de los trabajadores. La falta de formalización los expone a mayores riesgos de sufrir accidentes y enfermedades laborales sin el respaldo de un sistema de salud adecuado. Asimismo, genera una profunda inseguridad económica para el futuro, especialmente durante la vejez, al no contar con sistemas de pensiones o jubilaciones garantizadas.
La vulnerabilidad se intensifica significativamente en el caso de las personas trabajadoras domésticas migrantes. Este grupo enfrenta desafíos adicionales derivados de normativas migratorias restrictivas, el pago de costos y comisiones de contratación, y la falta de reconocimiento de sus competencias profesionales. Además, suelen desarrollar una dependencia crítica respecto de sus empleadores y viven con el temor constante de perder su situación migratoria regular.
De cara al futuro, la OIT advierte que la protección de este sector es más urgente que nunca. Diversos factores determinarán la evolución del trabajo doméstico en la región, entre ellos el envejecimiento de la población, la expansión de los sistemas de cuidados, la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, las dinámicas migratorias, la digitalización y el impacto del cambio climático. Todas estas tendencias sugieren que la demanda de servicios de cuidado aumentará, lo que refuerza la necesidad imperativa de profesionalizar, formalizar y proteger el trabajo doméstico remunerado.
Afortunadamente, el movimiento por los derechos de este sector se ha fortalecido. La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar agrupa actualmente a 94 organizaciones afiliadas en 71 países, representando a más de 676.000 personas. En este contexto, destaca la labor de organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB).
En América Latina y el Caribe, el fortalecimiento de estas organizaciones ha sido clave para impulsar reformas legales, promover la ratificación del Convenio núm. 190 sobre la violencia y el acoso, y defender los derechos laborales. Su incidencia ha permitido que el trabajo doméstico sea integrado como un componente esencial de las políticas y sistemas de cuidados que avanzan en diversos países de la región.
No obstante, la advertencia final es tajante: al ritmo actual de progreso, se necesitarían 85 años para garantizar que todas las personas trabajadoras domésticas estén protegidas. Ante esta proyección, se hace un llamado a garantizar que quienes sostienen el bienestar de la sociedad cuenten con trabajo decente, derechos plenos y justicia social.
