El funcionamiento del sistema de libre mercado exige que todos los actores privados respeten estrictamente las leyes y los marcos regulatorios para evitar la competencia desleal y el enriquecimiento indebido de quienes actúan al margen de la norma. Sin embargo, la realidad institucional de Chile parece distar de este ideal, evidenciando una crisis donde las instituciones públicas fallan en el cumplimiento de sus roles, permitiendo que prácticas comerciales deshonestas emerjan a la luz gracias a nuevas herramientas tecnológicas y al trabajo de investigación periodística.
Uno de los casos más emblemáticos involucra a los juristas y hombres de negocios Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla. Según investigaciones del medio Reportea.cl, la Fiscalía lleva dos años investigando a Zaliasnik, destacado miembro del Colegio de Abogados, bajo la sospecha de que, junto a Hermosilla, ejercieron presiones indebidas en los tribunales de Justicia para lograr el nombramiento de jueces leales a sus intereses personales. Esta revelación fue cuestionada por un ex panelista del programa Sin Filtro y funcionario del gobierno, quien intentó restar credibilidad a la noticia calificando al medio Reportea.cl como un grupo de activistas de extrema izquierda.
Llama la atención la gestión de la Fiscalía en este caso, ya que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha procedido a la incautación del teléfono celular de Zaliasnik. Actualmente, el abogado se desempeña como embajador en Israel y reside en Tel Aviv, donde se prevé que sea recibido por el presidente Isaac Herzog y mantenga conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu. La reactivación del proceso penal parece responder a denuncias de parlamentarios de oposición y a la propuesta del abogado Luis Mariano Rendón para que el Colegio de Abogados expulsara a Zaliasnik. En paralelo, se informó este lunes que el Colegio de Abogados ya expulsó a Luis Hermosilla de su orden gremial, decisión que solo aguarda la ratificación final.
La influencia de Hermosilla se extiende también al ámbito administrativo y gubernamental. Se ha revelado que el empresario Alvaro Jalaff realizó un pago de 410 millones de pesos, carente de respaldo documental, a Hermosilla con el objetivo de destrabar el proyecto inmobiliario Parque Capital en la comuna de Lampa. Debido a su posición como funcionario de gobierno, Hermosilla habría ejercido presiones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para eliminar la permisología que detenía la inversión. En este contexto, Hermosilla habría contactado telefónicamente al ministro Felipe Ward y al Seremi del Minvu, Manuel José Errázuriz, instruyéndolos a aprobar los actos administrativos pendientes.
Este entramado contaría con el interés del exministro Andrés Chadwick. Cabe recordar que Felipe Ward ya había reconocido previamente haber transgredido la ley en el caso del Parque Nacional Patagonia, facilitando un negocio de extracción de oro para una minera australiana, hecho denunciado por el empresario Andrés Gillmore, sin que hasta la fecha existan sanciones estatales contra Ward.
Simultáneamente, en la ciudad de Iquique, se ha detectado una vulneración de la legislación para beneficiar a un inversionista extranjero. El caso se centra en el predio de calle Bulnes 140, donde funcionó el Club de Tenis Tarapacá desde 1929. Los socios-directores compraron el terreno por 500 millones de pesos y posteriormente lo vendieron a un empresario libanés, a través de la empresa Inversiones Marshall, por la suma de 3.116 millones de pesos, con el fin de construir una torre de 32 pisos.
Legalmente, los clubes deportivos están exentos de contribuciones y no pueden ser utilizados para negocios inmobiliarios, lo que debe reflejarse en los Planes Reguladores Comunales (PRC) y Intercomunales (PRI). No obstante, el terreno del Club de Tenis Tarapacá no fue graficado como equipamiento deportivo en el PRC de Iquique de 1981 ni en el de 2025. En el instrumento de 1981, el suelo fue considerado "edificable", mientras que en el de 2025 se clasifica como zona BM-1, con una altura permitida de 14 a 21 metros. A pesar de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó documentación para fijar la exención de contribuciones, el directorio del club se negó, anticipando la venta inmobiliaria.
Este caso terminó en los tribunales: en abril de 2026, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a seis integrantes del directorio del club a cuatro años de presidio con libertad vigilada intensiva y multas por administración desleal. Entre los sancionados se encontraba un abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Iquique.
Finalmente, se han denunciado irregularidades en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) de 2022, el cual fue obstaculizado en 2020 por presiones de una entonces senadora (actual embajadora en Uruguay) y un exintendente, facilitando permisos de edificación en zonas inundables. Recientemente, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique habría cursado un permiso de edificación de 32 pisos para Inversiones Marshall utilizando las normas obsoletas del PRC de 1981 en lugar de las de 2025. El alcalde Mauricio Soria es señalado como cómplice activo en la omisión del uso recreacional deportivo del terreno, permitiendo que el funcionario de la DOM favoreciera al inversionista con un permiso basado en normativas de hace 45 años.
