El debate sobre el desarrollo económico en Chile ha tomado un giro crítico bajo la administración del Presidente Kast, centrando la controversia en la tensión existente entre la atracción de inversiones y la preservación del patrimonio natural. Actualmente, se cuestiona la estrategia gubernamental que parece plantear el crecimiento económico y la protección del medio ambiente como metas excluyentes, sugiriendo que las regulaciones ambientales actúan como un freno irracional para la prosperidad del país.
Desde una perspectiva crítica, se argumenta que el país requiere un camino distinto: uno que impulse el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y el aumento de las inversiones, pero estrictamente enmarcado en una estrategia de sustentabilidad que no comprometa el futuro de las próximas generaciones. La premisa fundamental es que el crecimiento y la creación de empleo pierden legitimidad y sostenibilidad cuando se intentan alcanzar mediante el debilitamiento de las reglas que resguardan el territorio, la salud pública y la viabilidad a largo plazo de la propia economía.
El núcleo del conflicto radica en la forma en que el actual enfoque gubernamental aborda la evaluación ambiental. En lugar de proponer mejoras para hacer que estos procesos sean más eficientes, serios y técnicos, el Gobierno ha optado por presentar la normativa ambiental como un obstáculo burocrático que debe ser desmontado. Esta narrativa, calificada como una "caricaturización de la regulación", reduce un sistema jurídico y técnico complejo a una simple "tramitología infernal", debilitando así las barreras que previenen decisiones apresuradas con altos costos sociales y ecológicos.
En este contexto, el rol de los Estudios de Impacto Ambiental ha sido minimizado por autoridades y parlamentarios oficialistas. Sin embargo, se enfatiza que estas evaluaciones no son trámites decorativos, sino mecanismos esenciales para determinar si una inversión es compatible con el territorio o si generará daños irreparables que terminarán siendo costosos para las comunidades y el Estado. Revisar los impactos sobre la biodiversidad, la contaminación, la disponibilidad de agua y los riesgos acumulativos no es un capricho técnico, sino la condición mínima para evitar que el crecimiento se transforme en un deterioro irreversible.
La urgencia por acelerar inversiones sin el respaldo técnico adecuado no moderniza al país, sino que lo expone a una mayor judicialización, conflictos sociales y una pérdida general de la confianza pública. Resulta especialmente preocupante la descalificación de las consultas ciudadanas, los informes de servicios públicos y las observaciones de la comunidad científica. Esta mirada es vista como una visión autoritaria que ignora que el desarrollo sostenible exige, necesariamente, legitimidad científica y social. Un proyecto que ignora a las comunidades puede prometer empleos a corto plazo, pero suele terminar en paralizaciones y daños ambientales difíciles de reparar.
Asimismo, se han identificado tres deficiencias graves en la conducción gubernamental. Primero, la flexibilización de la institucionalidad ambiental debilita el principio precautorio, sugiriendo que, ante la ausencia de pruebas absolutas de daño, es preferible avanzar a cualquier costo. Segundo, se ha tratado la participación ciudadana y el conocimiento local como estorbos, ignorando que la prevención de conflictos es, en realidad, una condición para invertir mejor. Tercero, el Gobierno parece haber renunciado al principio de no regresión, que es la obligación legal de no retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
Esta agenda de desregulación no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino que envía una señal económica contradictoria. Un país que debilita sus reglas claras genera incertidumbre, lo que podría llevar a que los inversores internacionales perciban a Chile como un entorno inestable e inseguro. Por otro lado, persiste el peligro de que inversores locales, aprovechando la falta de regulaciones sólidas, busquen maximizar ganancias inmediatas a costa de la devastación del patrimonio natural.
En conclusión, la ofensiva contra el derecho ambiental es vista no como una modernización del Estado, sino como una regresión. El desafío no es el deseo de crecer o generar empleo, sino evitar que se haga vaciando de contenido los controles que distinguen el crecimiento económico de la depredación. La solución propuesta implica agilizar los procesos sin sacrificar el rigor técnico, fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental y abandonar la falsa disyuntiva entre el desarrollo y el medio ambiente.
