El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, salió al espacio público este lunes para responder de manera detallada a la denuncia constitucional interpuesta por el partido Juntos por el Perú. Esta agrupación política, que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, ha presentado una acusación basada en supuestas irregularidades ocurridas durante el traslado de las actas electorales provenientes del extranjero en el marco del proceso de balotaje.
A través de un pronunciamiento oficial, el canciller rechazó categóricamente cualquier imputación que lo vincule con actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Pareja enfatizó que su gestión se ha conducido bajo los principios de legalidad y transparencia.
En sus declaraciones, el titular de Relaciones Exteriores subrayó que, tanto en su calidad de canciller de la República como en su condición de miembro del Servicio Diplomático, ha actuado en todo momento con respeto a la legalidad vigente. Asimismo, destacó que su proceder ha estado alineado con la neutralidad que debe mantener el Poder Ejecutivo, respetando la autonomía de los organismos electorales y cumpliendo con los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad hacia el Estado peruano.
Respecto a las funciones desempeñadas por su cartera, Pareja precisó que el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió estrictamente con la aplicación de la ley electoral. Según explicó, las labores del portafolio se limitaron a funciones logísticas y consulares, las cuales fueron coordinadas directamente con los organismos electorales competentes para asegurar la operatividad del proceso en el extranjero.
El canciller fue enfático al delimitar las responsabilidades institucionales, señalando que la calificación de las actas, el cómputo de los votos, la resolución de las impugnaciones y la proclamación final de los resultados no son competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, argumentó que los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se refieren, en esencia, a los mismos hechos que han sido invocados en la denuncia constitucional presentada en su contra.
Ante la situación legal, Carlos Pareja manifestó que aguardará con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes. No obstante, dejó claro que hará uso de su derecho de defensa ante las instancias respectivas para desvirtuar las acusaciones.
Asimismo, el ministro aprovechó la oportunidad para expresar su reconocimiento a los peruanos que residen en el exterior y que ejercieron su derecho al voto, así como a quienes asumieron la responsabilidad de actuar como miembros de mesa y personeros. Pareja calificó a estas personas como los verdaderos protagonistas de toda elección, sosteniendo que merecen que cualquier cuestionamiento al proceso se tramite con responsabilidad, respeto a la verdad y sujeción a las instituciones competentes, evitando que se altere la voluntad popular expresada en las urnas.
El canciller reiteró que la Cancillería respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral. Para respaldar esta afirmación, señaló que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones, ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la acusación constitucional.
Por su parte, el recurso presentado por el partido de Roberto Sánchez ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento solicita, estrictamente, un juicio político y un antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y delitos vinculados al proceso electoral. La denuncia sostiene que la Cancillería desmanteló el sistema de custodia de votos del exterior y sustituyó la digitalización de actas por su traslado físico, acción que, según los denunciantes, habría afectado la cadena de custodia.
Este conflicto surge en un contexto de alta tensión electoral. Con el 99,706 % de las actas ya contabilizadas, los resultados muestran una diferencia estrecha: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, registra 9′189,673 votos (49,890 %), mientras que Roberto Sánchez obtiene 9′149,424 votos (49,110 %), lo que representa una diferencia de 40,249 votos entre ambos candidatos.
