La historia del movimiento obrero sugiere que la libertad sindical rara vez ha sido una concesión otorgada voluntariamente por los gobiernos. Por el contrario, los sindicatos han surgido generalmente enfrentando prohibiciones, persecuciones y represión. En este contexto, la trayectoria de las Comisiones Obreras (CCOO) durante la dictadura franquista en España se presenta como uno de los ejemplos más importantes de cómo la clase trabajadora puede reconstruir su capacidad organizativa, incluso cuando el Estado intenta eliminar cualquier forma de sindicalismo independiente.
Para comprender el surgimiento de CCOO, es necesario analizar la derrota obrera tras la Guerra Civil Española en 1939. La victoria del franquismo implicó la ilegalización de las principales organizaciones sindicales, mientras que miles de dirigentes fueron encarcelados, fusilados o forzados al exilio, provocando la desaparición pública de la UGT y la CNT. En su lugar, el régimen estableció la Organización Sindical Española, conocida como el “Sindicato Vertical”, una estructura controlada por el Estado que agrupaba a empresarios y trabajadores bajo una misma entidad para sustituir la lucha de clases por una colaboración nacional dirigida por la dictadura.
A pesar de este escenario, durante la década de 1950 comenzaron a surgir nuevas formas de organización en fábricas, minas y centros de trabajo, especialmente en las cuencas mineras de Asturias y posteriormente en Madrid, Barcelona y el País Vasco. Un aspecto fundamental de CCOO es que no nació inicialmente como un sindicato, sino como comisiones compuestas por trabajadores elegidos en asambleas para representar intereses obreros y negociar conflictos concretos, huelgas o reivindicaciones. Estas comisiones no contaban con estatutos, oficinas, recursos económicos ni reconocimiento legal, pero poseían una legitimidad real basada en la voluntad de los trabajadores.
La estructura de estas primeras Comisiones Obreras se basaba en la asamblea de trabajadores, donde las decisiones se tomaban colectivamente y los representantes eran elegidos desde la base. Esta organización descentralizada permitió una gran capacidad de adaptación frente a la represión: si una comisión era desmantelada o un dirigente encarcelado, nuevos trabajadores asumían las responsabilidades rápidamente. La organización no dependía de una dirección centralizada, sino de cientos de núcleos de base, confirmando la idea de que la fuerza de una organización reside en los trabajadores que la sostienen y no en sus fondos u oficinas.
Otra táctica distintiva fue el aprovechamiento de las contradicciones del propio régimen franquista. A pesar del control estatal, el Sindicato Vertical permitía ciertas elecciones de representantes laborales. Muchos activistas participaron en estos procesos no para legitimar la dictadura, sino para convertir esos espacios en herramientas de organización obrera. Según Marcelino Camacho, la estrategia consistía en entrar en las estructuras del sindicato vertical para defender y organizar a los trabajadores, combinando todos los espacios de actuación disponibles sin perder la independencia política.
La resistencia de CCOO fue puesta a prueba en 1972 con el Proceso 1001, mediante el cual el régimen encarceló a la dirección nacional con la intención de descabezar la organización. Sin embargo, debido a su carácter descentralizado, las estructuras de base continuaron funcionando y las huelgas persistieron, demostrando que el movimiento era difícil de destruir. Para 1975, tras la muerte de Franco, CCOO se había consolidado como una fuerza sociopolítica construida desde la clandestinidad y la lucha cotidiana, vinculando la defensa de los salarios y condiciones laborales con la lucha por las libertades democráticas.
Esta experiencia histórica mantiene una vigencia actual para El Salvador. Aunque los contextos difieren, existe una similitud en la tentativa de limitar la capacidad autónoma de organización de los trabajadores. En los últimos años, sindicatos independientes en El Salvador han denunciado obstáculos administrativos, negativas de inscripción, despidos antisindicales, persecución de dirigentes y el exilio forzado de activistas.
La principal enseñanza de las Comisiones Obreras para el contexto salvadoreño es que la organización debe preceder al reconocimiento legal. Las primeras comisiones españolas no esperaron condiciones favorables ni decretos oficiales para existir; surgieron allí donde los trabajadores compartían problemas y decidieron actuar colectivamente. Para quienes hoy enfrentan dificultades o persecución en El Salvador, la historia de CCOO demuestra que las derrotas no son definitivas y que, mientras exista la voluntad de organizarse y luchar colectivamente, la posibilidad de reconstrucción permanece abierta.
