El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido el Decreto Ejecutivo 424, una medida que ratifica la existencia de un conflicto armado interno en el país y establece las bases para ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad. Esta decisión ha desencadenado un intenso debate nacional, centrado principalmente en dos puntos críticos: el alcance real de la participación de las fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano y la concesión de inmunidad al personal de los países cooperantes.
Desde la perspectiva del Gobierno, la implementación de este decreto es una herramienta necesaria para fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el país. El ministro del Interior, John Reimberg, ha sido enfático al señalar que la presencia de personal extranjero no implicará el despliegue de tropas autónomas. Según el funcionario, cualquier acción desarrollada por fuerzas externas se realizará en estrecha coordinación con las instituciones ecuatorianas y bajo la dirección nacional.
Reimberg aseguró que las fuerzas cooperantes trabajarán junto a las fuerzas locales, descartando que operen solas por el territorio. El objetivo central de esta estrategia es integrar diversas capacidades operativas para atacar con mayor eficacia a los grupos de delincuencia organizada que tienen estructuras tanto dentro como fuera de las fronteras de Ecuador. Para el ministro, el crimen organizado es un problema de escala regional, lo que justifica que la respuesta del Estado involucre necesariamente la cooperación internacional.
Respecto a la controversia sobre la inmunidad, el ministro del Interior defendió la medida argumentando que existe un marco jurídico sólido que regula la actuación del personal extranjero. En este sentido, el Decreto 424 estipula que el personal civil y militar de los Estados cooperantes gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales que Ecuador haya suscrito previamente. Un antecedente clave es el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado con Estados Unidos en octubre de 2023 y ratificado en febrero de 2024, el cual regula la presencia temporal de personal estadounidense para actividades de entrenamiento, ejercicios conjuntos y lucha contra amenazas compartidas como el narcotráfico y el terrorismo.
Por su parte, analistas de seguridad han matizado la naturaleza de esta ayuda. Carlos Sevillano, experto en la materia, sostiene que el decreto no implica un despliegue masivo de soldados extranjeros en operaciones directas de combate. A su juicio, el modelo de asistencia que Ecuador está adoptando es similar a los esquemas implementados por Estados Unidos en otros países de la región, donde el enfoque no es el patrullaje de calles, sino el fortalecimiento de las capacidades locales para que el país pueda resolver sus problemas de seguridad por sí mismo.
Sevillano estima que la asistencia extranjera se articulará principalmente a través de cuatro ejes fundamentales: financiamiento, entrenamiento, inteligencia y cooperación jurídica. Uno de los beneficios más significativos sería el acceso a información estratégica para identificar rutas de narcotráfico, movimientos de estructuras criminales y operaciones transnacionales. En este contexto, destacó la importancia de colaborar con la alianza "Five Eyes" (conformada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), cuya red de inteligencia es una de las más avanzadas del mundo y podría ser clave para anticipar las operaciones de grupos criminales con conexiones internacionales.
El analista comparó esta estrategia con experiencias previas como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida en México, señalando que la cooperación suele materializarse mediante la transferencia de tecnología, equipos especializados y programas de capacitación, permitiendo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mejoren su capacidad de respuesta sin que las fuerzas internacionales asuman el mando de las operaciones.
No obstante, no todas las opiniones coinciden en la claridad del decreto. El experto en seguridad Jorge Triviño expresó su preocupación por la redacción del documento, advirtiendo que existen espacios para interpretaciones que podrían generar confusión sobre los límites de la inmunidad otorgada. Para Triviño, es fundamental interpretar correctamente el texto para evitar vacíos legales.
Asimismo, Triviño sostiene que la verdadera carencia de Ecuador no es el recurso humano, ya que considera que el país cuenta con personal suficiente para enfrentar a las bandas organizadas, sino la falta de herramientas tecnológicas modernas. Propuso que la cooperación internacional debería orientarse prioritariamente a cerrar estas brechas, implementando sistemas de reconocimiento facial, vigilancia aeroportuaria e inteligencia preventiva que permitan detectar objetivos de alto valor antes de que se produzcan incidentes de seguridad.
