La designación del nuevo Fiscal General del Estado de Ecuador se encuentra actualmente en una de sus etapas más críticas y complejas. El concurso público, cuya responsabilidad recae sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presenta una serie de retrasos significativos, profundos desacuerdos políticos y diversos cambios administrativos que han impedido que la elección se concrete dentro de los plazos que fueron establecidos inicialmente.
El proceso tuvo su inicio en enero de 2026, momento en el cual se conformó la comisión ciudadana encargada de dirigir el concurso. No obstante, desde sus primeras fases, el avance ha estado marcado por cuestionamientos sobre la integración de dicha comisión y constantes dificultades para alcanzar resoluciones clave. Esta situación ha provocado que, hasta la fecha, no exista una fecha definitiva para la elección de la máxima autoridad de la Fiscalía.
De acuerdo con la normativa vigente, existen periodos fijos y obligatorios para desarrollar los concursos de designación de autoridades. Sin embargo, la realidad administrativa ha superado los límites legales; el pasado 20 de junio se cumplieron cuatro meses desde que se realizó la convocatoria oficial a los postulantes, sin que el CPCCS haya logrado completar las etapas previstas en el cronograma original.
A lo largo de los últimos meses, la comisión ciudadana ha sido escenario de inestabilidad, enfrentando renuncias de sus miembros, procesos de reemplazo y diversas observaciones relacionadas con la idoneidad de algunos de sus integrantes. Estas diferencias internas dentro del organismo han complicado la aprobación de informes técnicos y decisiones administrativas esenciales para que el proceso pueda avanzar.
Es importante precisar que este retraso no es el resultado de medidas judiciales que hayan suspendido el concurso. Por el contrario, las demoras tienen un origen estrictamente administrativo y político, derivando de desacuerdos que mantienen bloqueadas varias resoluciones pendientes dentro del seno del Consejo. De hecho, el concurso ya ha superado el plazo previsto en el reglamento, aunque la comisión ciudadana insiste en que aún se encuentran en la fase de méritos, restando varias etapas antes de la designación final.
Uno de los puntos más polémicos de este proceso ha sido la modificación en la forma de contabilizar los plazos del concurso. La comisión tomó la decisión de resolver que el tiempo no debía contabilizarse a partir de la posesión de los comisionados, sino desde la fecha de la convocatoria pública para recibir las postulaciones. Basándose en esta interpretación, el organismo propuso una actualización del calendario, proyectando ahora que la elección del próximo Fiscal General del Estado ocurra entre el 23 y el 25 de octubre de 2026.
Los comisionados han justificado esta medida argumentando que existen contradicciones entre los reglamentos aplicables al proceso. Sostienen que las diversas fases del concurso demandan más tiempo del que estaba contemplado originalmente, incluso si se considerara la aplicación de una prórroga.
En cuanto a la participación, el concurso recibió un total de 75 postulaciones. Tras un proceso de verificación de los requisitos legales, solo 28 aspirantes lograron avanzar a la etapa de méritos, la cual representa 50 puntos de la calificación total. Tras esta etapa, varios de los participantes solicitaron la revisión de sus puntajes. La comisión aceptó parte de estas solicitudes y modificó algunas calificaciones, lo que resultó en un informe final que, sin embargo, no ha logrado obtener el respaldo necesario dentro del pleno del CPCCS.
La falta de consenso se hizo evidente en una sesión reciente donde el informe de méritos no alcanzó los votos requeridos para su aprobación. Este bloqueo impide que el proceso transite hacia la fase de impugnación ciudadana y las etapas subsecuentes. A este escenario se suma la reciente renuncia del consejero Roberto Gilbert, lo que deja una vacante que deberá ser definida por la Asamblea Nacional, planteando la duda de si una nueva integración modificará las correlaciones de fuerzas en el pleno.
Según el informe de méritos preliminar, los aspirantes mejor puntuados son Daniella Camacho, Inés Romero y Carlos Alarcón, figurando también en los primeros puestos José de la Gasca.
Desde el ámbito de la veeduría independiente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advirtió que los retrasos podrían extenderse aún más. Alarcón señaló que, según los cronogramas, ya debería existir una autoridad definitiva en la Fiscalía, pero que al ritmo actual, es probable que ni siquiera en el último trimestre del año se cumpla el objetivo. El director advirtió que esto podría ser una "movida política", subrayando que tales situaciones contribuyen al rechazo ciudadano y a la falta de credibilidad de la institución.
Actualmente, la elección del Fiscal General permanece en suspenso, a la espera de que el CPCCS resuelva sus conflictos internos y permita retomar el cronograma institucional.
