La reciente detención de dos menores de edad, nacidos en los años 2010 y 2011, tras su presunta participación en un asesinato ocurrido el miércoles 17 de junio en el aeropuerto de Guayaquil, ha encendido las alarmas sobre el involucramiento progresivo de adolescentes en actos de violencia extrema en Ecuador. Este suceso no es visto como un hecho aislado, sino como la manifestación visible de una estrategia de reclutamiento digital que apunta a los sectores más jóvenes de la población.
La crisis se refleja también en el sistema penitenciario juvenil. Datos oficiales publicados por EFE, basados en reportes del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, indican que el hacinamiento en los centros de detención de menores en el país aumentó al 64,8 % durante el último año. Actualmente, existen 700 menores aislados en instalaciones que cuentan con capacidad para albergar únicamente a 425 personas.
Especialistas en reclutamiento digital advierten que las organizaciones criminales han identificado a los jóvenes de entre 13 y 16 años como un objetivo estratégico. Para lograrlo, han trasladado sus operaciones a los espacios digitales, utilizando redes sociales y videojuegos para acercar a los menores al mundo del delito de manera gradual y sistemática.
Una investigación realizada por la Universidad de Oxford pone cifras a este fenómeno. El estudio revela que dos de cada ocho publicaciones que consumen los jóvenes ecuatorianos en sus redes sociales están relacionadas con la narcocultura. De quienes interactúan con este tipo de contenidos, el 85 % tiene menos de 25 años. Dentro de este segmento, aproximadamente el 45 % pertenece a la generación alfa, es decir, jóvenes nacidos a partir del año 2010.
Gabriel Brito, antropólogo digital y encargado de dicha investigación, explica que las bandas criminales no actúan al azar, sino que aprovechan las vulnerabilidades emocionales y sociales de los niños y adolescentes. Según Brito, muchos jóvenes buscan espacios donde sentirse valorados, incluidos o donde se les asigne una responsabilidad. Cuando estas necesidades psicológicas y sociales no son cubiertas en el hogar o en su entorno cercano, las comunidades criminales externas aparecen como una alternativa para suplir esos vacíos.
El proceso de captación, según el experto, ya no ocurre exclusivamente en las calles, sino que comienza en la pantalla. El reclutamiento sigue un ciclo progresivo: primero se expone al menor a contenidos que normalizan la violencia; posteriormente, esa misma violencia se presenta como una experiencia emocionante, prestigiosa y financieramente rentable. Una vez que el adolescente ha estado expuesto a estos mensajes durante un tiempo prolongado, su percepción se altera y comienza a considerar el crimen como una opción de vida válida.
Brito advierte que este mecanismo es parte de una estrategia profesional denominada "narcomarketing". A través de prácticas de persuasión similares a las del marketing tradicional, las bandas operan como un embudo de conversión. Los jóvenes pasan por etapas de normalización y romantización, construyendo un sentido de pertenencia hasta llegar al llamado directo a la acción. En redes sociales es común observar a adolescentes exhibiendo armas, presumiendo su pertenencia a grupos delictivos o desafiando la muerte, evidenciando que han aprendido a aceptar y romantizar los riesgos.
Por su parte, el sociólogo Carlos Tutivén coincide en que la vulnerabilidad de los menores se debe a que se encuentran en una etapa crítica de construcción de identidad, donde la búsqueda de modelos a seguir es fundamental. Tutivén señala que muchos de estos jóvenes pueden terminar siendo víctimas de coerción, presiones o chantajes ejercidos por las estructuras criminales.
Para el sociólogo, el impacto de participar en un crimen, como un sicariato, trasciende lo judicial. Afirma que el menor pierde su infancia y cualquier proyecto de futuro prometedor, quedando una huella imborrable en su psiquis y en su capacidad de relacionarse con los demás. Finalmente, Tutivén sostiene que este fenómeno es el resultado de una falla colectiva de la sociedad ecuatoriana, señalando que la escuela, la religión, la sociedad civil y, principalmente, la política, no han cumplido su papel en la protección de la juventud.
