La Gobernación de Cundinamarca ha emitido una orden administrativa para cancelar la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en el municipio de Cajicá. Esta medida es el resultado de un proceso administrativo exhaustivo relacionado con la muerte de Valeria Afanador, una estudiante de 10 años que desapareció dentro de las instalaciones de la institución educativa en agosto de 2025 y cuyo cuerpo fue hallado días después en el río Frío.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 004627, fechada el 19 de junio de 2026, mediante la cual la Secretaría de Educación departamental declaró administrativamente responsable al establecimiento educativo. La entidad determinó que el colegio incurrió en una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público de educación, lo que derivó en la orden de cancelar su licencia para operar.
De acuerdo con los términos de la resolución, la medida no tendrá un efecto inmediato sobre la operación diaria, sino que comenzará a regir una vez finalice el calendario académico del año 2026. Con el fin de garantizar el derecho a la educación de los menores, la Gobernación ha impuesto una obligación adicional a la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, quien deberá presentar un plan detallado de reubicación para todos los estudiantes matriculados en la institución. El plazo máximo para la entrega de este plan de contingencia es el próximo 31 de octubre.
Además de la sanción administrativa, la Gobernación de Cundinamarca ordenó que se remita una copia completa del expediente al despacho de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo de esta acción es permitir que el ente acusador avance en las actuaciones judiciales que considere pertinentes, basándose en los hallazgos del proceso administrativo llevado a cabo por la Secretaría de Educación.
Es importante precisar que, a pesar de la gravedad de la resolución, la sanción aún no se encuentra en firme. El marco legal permite que la defensa del colegio interponga los recursos legales correspondientes para apelar la decisión. Por esta razón, el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe continuará operando con normalidad mientras se resuelve el proceso administrativo en las instancias pertinentes. Por su parte, la defensa de la institución ha manifestado públicamente su intención de probar que las directivas del colegio no tienen responsabilidad en los hechos.
Los hechos que originaron este proceso ocurrieron el 12 de agosto de 2025. Según las investigaciones, Valeria Afanador fue vista por última vez durante un receso escolar dentro del colegio. Los reportes oficiales indican que la menor se dirigió sola hacia la zona deportiva del plantel después de que un profesor de educación física le entregara un balón. A partir de ese momento, se perdió el rastro de la niña.
Tras confirmarse su desaparición, se desplegó un operativo de búsqueda masivo que involucró a más de 200 efectivos de diversas instituciones, entre ellas la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía y diversos organismos de socorro. Durante varios días, las autoridades realizaron rastreos intensivos utilizando tecnología de drones y perros especializados, concentrando los esfuerzos en los alrededores del colegio y en las zonas aledañas al río Frío.
El desenlace de la búsqueda ocurrió dieciocho días después, el 29 de agosto de 2025, cuando un habitante del sector rural de Fagua encontró el cuerpo de la menor flotando en el afluente, a una distancia aproximada de 300 metros de la institución educativa. El dictamen forense posterior determinó que la causa del fallecimiento fue ahogamiento y estableció que la muerte ocurrió el mismo día de la desaparición. El informe médico destacó que no se encontraron señales de violencia física ni alteraciones en la ropa de la estudiante.
En el ámbito penal, la Fiscalía ha solicitado la imputación del delito de homicidio culposo contra dos personas vinculadas al colegio. Esta línea de investigación busca esclarecer si existieron fallas graves u omisiones en los deberes de vigilancia y protección que el personal educativo debía garantizar para asegurar la integridad y seguridad de la estudiante Valeria Afanador durante su permanencia en el plantel.
