El proceso judicial por la desaparición del niño Loan Peña, desaparecido desde el pasado 13 de junio de 2024, ha sufrido un giro inesperado durante su primera semana de debate oral. Lo que inició como un avance acelerado en el cronograma procesal terminó, abruptamente, en un reinicio total de las etapas iniciales, postergando testimonios clave y alterando la hoja de ruta prevista por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes.
El juicio comenzó con un ritmo dinámico bajo la conducción de los jueces Fermín Cerolini, presidente del Tribunal, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte. En las primeras instancias, el TOF se enfocó en resolver los inconvenientes materiales y formales que surgieron durante la apertura de la audiencia N°1. Sin embargo, el primer obstáculo significativo apareció con la ausencia de uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo. El psicólogo tucumano, quien llegó al lugar de la desaparición como parte de un grupo vinculado a la Fundación Dupuy, enfrenta diversas imputaciones, entre ellas el delito de encubrimiento, aunque la organización posteriormente negó su vinculación. Ante su incomparecencia, el tribunal no dudó en declararlo en rebeldía y ordenar su inmediata detención.
Paralelamente, el proceso enfrentó trabas formales relacionadas con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. Debido a que el documento original, donde se detallan los hechos y los delitos atribuidos a cada imputado, contaba con casi 300 páginas, se optó inicialmente por la lectura de resúmenes para agilizar el trámite.
La atmósfera en la sala reflejó la gravedad del caso. Los acusados que habían estado presentes en el almuerzo previo a la desaparición de Loan ingresaron al recinto esposados y utilizando chalecos antibalas. En contraste, los integrantes del grupo vinculado a la Fundación Dupuy se presentaron excarcelados, destacándose la figura de la abogada Elizabet Cutaia, quien asumió su propia representación legal en el juicio.
El punto de inflexión ocurrió tras el cuarto intermedio del almuerzo. Durante una videoconferencia en la que participaban una imputada con prisión domiciliaria en Neuquén, Mónica Millapi, y un juez suplente, apareció en pantalla una figura inesperada: Esteban Rossi Colombo. El imputado, previamente declarado prófugo, se encontraba acompañado por el abogado Segundo Delgado.
Esta irrupción virtual generó una fuerte conmoción en el tribunal y desencadenó un intenso debate legal que se extendió desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles. El temor central era que el juicio pudiera caerse debido a irregularidades procesales. El fiscal Carlos Schaefer manifestó su preocupación al sintetizar el riesgo diciendo: “No queremos que pase lo mismo que con el de Maradona”.
Finalmente, el miércoles por la tarde, tras un receso de casi dos horas, el TOF decidió resetear el proceso. Para garantizar la validez jurídica, se procedió a leer nuevamente el tramo del requerimiento fiscal que había sido abordado la jornada anterior. Una vez que la secretaria Estefanía Acosta y la oficial Anahí Vassel concluyeron la lectura, el presidente del Tribunal declaró abierto el debate.
No obstante, para asegurar el derecho a una defensa justa, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio de una semana. Esta medida tiene como objetivo que la defensa de Rossi Colombo pueda ponerse al corriente del expediente. En consecuencia, el proceso judicial se reanudará el próximo miércoles 25 a las 9 de la mañana.
En la próxima sesión, se llevará a cabo la identificación personal de cada uno de los imputados, quienes deberán presentarse físicamente ante el tribunal, con la única excepción de Mónica Millapi debido a su residencia en Neuquén y al tener hijos menores a cargo. Asimismo, se espera que los abogados defensores planteen nulidades sobre el requerimiento fiscal y soliciten la inclusión de un testigo que había sido excluido en etapas previas.
Posteriormente, se abrirá la instancia para que los acusados amplíen sus declaraciones indagatorias. El Tribunal ha dejado claro que, al ser un acto de defensa y no una declaración testimonial, los imputados no están obligados a decir la verdad, por lo que sus palabras serán analizadas con cautela.
Desde el lado de la querella y la familia, hay expectativas depositadas en estas declaraciones. La abogada de Laudelina Peña, Mónica Chirivin, confirmó que su representada declarará y aceptará el interrogatorio de la fiscalía y las demás partes. Por su parte, Belén Russo Cornara, abogada de la familia de Loan, señaló que si algún acusado aporta información nueva, se podrían lograr avances significativos. En sintonía, el fiscal Schaefer afirmó que esto permitiría indagar profundamente en el cómo, el qué y el porqué de los hechos.
Este reinicio procesal ha tenido un costo directo en el calendario de testigos. Las declaraciones de José y María, los padres de Loan, que estaban programadas para el jueves 18, fueron canceladas. Debido a los retrasos, ya no es posible que expongan ante el Tribunal en su calidad de víctimas y testigos antes del cierre de la semana prevista.
