La Unión Nacional de Educadores (UNE) ha informado este viernes 19 de junio de 2026 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha solicitado formalmente que el Gobierno del Ecuador remita sus observaciones respecto a la disolución administrativa de este gremio docente. Esta solicitud se produce en el marco de un proceso de denuncia que el magisterio ecuatoriano inició en el año 2017, tras la resolución que ordenó la disolución de la organización en el año 2016.
De acuerdo con el comunicado emitido por la UNE, el organismo internacional ha notificado que la nueva documentación presentada por la organización docente ha sido trasladada al Gobierno nacional. El objetivo de este requerimiento es que las autoridades ecuatorianas presenten sus descargos y observaciones sobre la legalidad y las circunstancias que rodearon la suspensión de la existencia legal de la organización docente más grande del país.
Para los representantes de la UNE, la medida administrativa adoptada hace una década constituye una vulneración directa a la libertad sindical y al derecho de asociación. Esta postura ha sido el eje central de su lucha legal, argumentando que la disolución no fue un acto meramente administrativo, sino una acción que afectó los derechos fundamentales de los maestros organizados.
El proceso legal se encuentra registrado bajo el caso número 3279 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Esta acción no ha sido emprendida de manera aislada por el gremio ecuatoriano, sino que ha contado con el respaldo y acompañamiento de importantes entidades globales. Entre ellas se encuentran la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Internacional de la Educación (IE), quienes han apoyado la denuncia contra el Estado ecuatoriano.
Dentro del marco de este seguimiento internacional, la OIT ha instado al Gobierno del Ecuador a tomar medidas concretas para revertir los efectos de la resolución de 2016. Específicamente, el organismo ha pedido la devolución de los bienes que fueron incautados a la UNE durante el proceso de disolución, así como la eliminación de cualquier otra consecuencia derivada de dicha medida administrativa.
El origen de este conflicto se remonta al año 2016, cuando el Ministerio de Educación de aquel entonces ordenó la disolución del gremio de maestros. La justificación oficial brindada por el Ministerio en ese momento fue que la organización no había presentado la documentación requerida para el registro estatal de organizaciones sociales, lo que llevó a la autoridad a disponer la suspensión de su personería jurídica.
A pesar de que han transcurrido más de nueve años desde que se originó el caso, la UNE, bajo la presidencia de Andrés Quishpe, ha manifestado que el reciente requerimiento de la OIT es una prueba fundamental de que la denuncia continúa bajo el conocimiento y el seguimiento riguroso de los organismos internacionales de control. Para el gremio, este hecho reafirma la importancia de persistir en el proceso legal para lograr lo que denominan una "reparación integral de los derechos vulnerados" y garantizar el pleno respeto a la libertad sindical en el país.
Este anuncio de la Unión Nacional de Educadores ocurre en un periodo de alta tensión entre el gremio y el Ministerio de Educación actual. La organización ha mantenido fuertes cuestionamientos contra la cartera de Estado debido a la supuesta ilegalidad de un acuerdo firmado el pasado 27 de mayo. Dicho acuerdo permite que en los planteles fiscales se lleven a cabo actividades complementarias institucionales los días sábados, una medida que la UNE considera irregular.
En conclusión, la UNE reafirma su compromiso de seguir adelante con el proceso ante la Organización Internacional del Trabajo, buscando que el Estado ecuatoriano no solo responda a las observaciones solicitadas, sino que restablezca los derechos y bienes del magisterio afectados por la resolución de 2016.
