La Fiscalía General del Estado ha procedido a formular cargos contra dos adolescentes, de 14 y 15 años de edad, quienes se encuentran bajo investigación por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos S. V. Este hecho violento tuvo lugar la tarde del miércoles 17 de junio de 2026, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.
De acuerdo con las investigaciones preliminares coordinadas por las autoridades, el ataque ocurrió pasadas las 18:00 horas, específicamente en el área de arribo de la terminal aérea. El análisis de los hechos sugiere que la víctima fue agredida con armas de fuego por dos individuos que, presuntamente, habrían empleado un engaño para acercarse a ella, haciéndose pasar por personas que se encontraban en el lugar esperando la llegada de un familiar.
Tras ejecutar la agresión, los sospechosos intentaron emprender la huida para evadir la justicia. Sin embargo, el intento de escape fue frustrado inicialmente por el personal de seguridad privada del aeropuerto, quienes lograron retenerlos en el sitio. Posteriormente, los jóvenes fueron aislados y puestos bajo la custodia de los agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron el procedimiento correspondiente para su traslado y detención.
Durante el operativo de detención, las fuerzas del orden efectuaron un registro en el que hallaron dos armas de fuego y diversas municiones. Estos objetos fueron debidamente incautados e ingresados como indicios materiales dentro del proceso investigativo, sirviendo como pruebas fundamentales para el desarrollo de la causa judicial.
En el lugar del crimen, se desplegó un operativo técnico coordinado entre diversas unidades especializadas. Agentes de la Dirección Nacional de Policía Judicial (PJ), la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extravíos y Secuestros (Dinased), y el equipo de Criminalística, trabajaron conjuntamente en el levantamiento de indicios balísticos. Asimismo, se llevaron a cabo diligencias técnicas en la escena y se procedió a la toma de versiones de testigos presenciales para reconstruir la secuencia de los hechos.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó una serie de elementos de convicción destinados a sustentar la presunta participación de los menores en el crimen. Entre las pruebas presentadas se incluyeron los partes policiales detallando la detención, el acta oficial de levantamiento del cadáver de Carlos S. V. y las denuncias formales interpuestas por los familiares de la víctima. Además, se incorporaron informes médicos relativos a una persona que resultó herida durante el incidente, así como los registros de video provenientes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, los cuales capturaron los momentos del ataque.
Tras evaluar los elementos presentados por el ente fiscalizador, el juez de la Unidad de Menores Infractores acogió la petición de la Fiscalía. En consecuencia, la autoridad judicial ordenó el internamiento preventivo de los dos adolescentes, medida destinada a asegurar su presencia durante el proceso. De igual manera, el magistrado dispuso un plazo de 30 días para que se proceda con el cierre de la instrucción fiscal, periodo en el cual se deberán completar todas las diligencias pendientes.
El proceso legal se sustenta estrictamente en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este cuerpo legal tipifica el delito de asesinato y establece que este tipo de conductas pueden conllevar penas de hasta 30 años de privación de libertad, dependiendo de la resolución final del caso y la responsabilidad determinada por el tribunal.
