El Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un contundente rechazo frente a cualquier afirmación que intente atribuir a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral. El pronunciamiento se produce en un contexto de tensión política, luego de que el partido Juntos por el Perú y el candidato presidencial Roberto Sánchez insistieran en desconocer los votos emitidos por los ciudadanos peruanos en el exterior.
A través de un comunicado detallado compuesto por nueve puntos, la Cancillería reafirmó su respeto absoluto a la voluntad popular, así como a la autonomía de los organismos electorales. Asimismo, la institución subrayó que respeta el derecho de las organizaciones políticas a formular observaciones o recursos a través de las vías legales correspondientes, pero rechazó las acusaciones directas contra su cuerpo diplomático.
Uno de los puntos centrales del comunicado se refiere al uso de herramientas tecnológicas durante el proceso. El Ministerio explicó que, para la primera vuelta electoral y a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se implementó de manera complementaria un aplicativo destinado al escaneo de actas. No obstante, aclaró que, al ser una herramienta nueva y de apoyo operativo, su uso no fue generalizado, aplicándose únicamente en 108 de las 180 oficinas consulares que organizaron los procesos en el extranjero. La Cancillería fue enfática al señalar que dicho aplicativo no sustituyó en ningún momento el procedimiento legal de remisión física de las actas ni alteró las competencias de los organismos electorales.
Respecto a la segunda vuelta, la institución detalló que, tras la primera etapa, una parte considerable de las oficinas consulares reportó serias dificultades técnicas y operativas en el manejo de este aplicativo. Por esta razón, y en coordinación con la ONPE, se decidió no continuar con esta actividad complementaria en la segunda vuelta. Esta medida fue análoga a lo ocurrido en territorio nacional con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). El Ministerio recalcó que esta decisión técnica no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal establecido para el repliegue del material electoral.
En cuanto a la transparencia del proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que las oficinas consulares facilitaron en todo momento la participación de los personeros de las organizaciones políticas y la supervisión de las autoridades competentes. Se destacó la presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en sedes como Buenos Aires, además de la fiscalización de observadores internacionales y representantes de la Defensoría del Pueblo.
Complementando estas medidas de supervisión, la Cancillería señaló la existencia de un Informe de Visita de Control emitido por la Contraloría General de la República, referido específicamente al repliegue del material electoral desde las oficinas consulares hacia la ONPE. Según el organismo, ninguna de las entidades supervisoras detectó demoras ni incidencias significativas en este proceso de traslado.
El Ministerio hizo un llamado especial a preservar la honorabilidad de los funcionarios de los consulados, quienes son servidores de carrera. El comunicado resalta que estos funcionarios, al igual que los ciudadanos peruanos que actuaron como miembros de mesa en el exterior, cumplieron sus responsabilidades en condiciones operativas complejas y jornadas extraordinarias, siempre sujetos a los deberes de legalidad, responsabilidad, eficiencia y defensa institucional que rigen el Servicio Diplomático.
Finalmente, la Cancillería recordó que su rol en el voto de los residentes en el exterior se limita estrictamente a funciones de organización y apoyo logístico, coordinando siempre con los organismos electorales. La institución fue clara al aseverar que la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no son competencias de la Cancillería, sino de los organismos electorales correspondientes.
Sobre el procedimiento post-electoral, se explicó que los resultados son registrados por los miembros de mesa en actas que son lacradas para garantizar su inviolabilidad. De estas actas se entregan copias a los personeros acreditados y los resultados son publicados en los locales consulares para el conocimiento público. El procesamiento final, el escaneo, el cómputo y la consolidación de dichas actas recaen exclusivamente en la ONPE. Respecto a los plazos, el Ministerio aseguró que el traslado del material se realizó según lo acordado: cuatro días posteriores a la elección en la primera vuelta y dentro de las 72 horas posteriores al escrutinio en la segunda vuelta.
