El juez Juan Carlos Peinado ha tomado la decisión de abrir una nueva pieza separada dentro de la instrucción judicial que afecta al entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No obstante, en un giro procesal aclarado posteriormente por el propio magistrado mediante una segunda providencia, esta nueva línea de investigación se dirige exclusivamente contra el empresario Juan Carlos Barrabés y no, al menos por el momento, contra Begoña Gómez.
El objetivo de esta nueva pieza es analizar posibles irregularidades en la licitación de un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba la compañía de Barrabés. La investigación se centra específicamente en un contrato adjudicado a través de la empresa pública Red.es, identificado con el número de expediente 044/20-ED, relativo al Servicio de la Oficina Acelera Pyme Servicio de Apoyo y Asesoramiento. Dicho contrato alcanzó una cuantía de 4,05 millones de euros y fue ganado por la UTE compuesta por la empresa de Barrabés y la consultora KPMG.
La relevancia de este caso aumenta al haberse detectado que la financiación del proyecto procedía de los fondos FEDER, fondos europeos, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Europea. Según consta en la providencia judicial, el Ministerio Fiscal europeo detalló que la adjudicación objeto de estudio podría ser constitutiva de delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.
El punto crítico de la investigación radica en la presunta omisión de un requisito fundamental establecido en los pliegos: la existencia de un "libro blanco". De acuerdo con la normativa del concurso, este documento era una condición necesaria para poder concursar. No obstante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que este requisito fue "ocultado deliberadamente" en los informes de valoración para evitar que otros licitadores lo detectaran. La UCO llegó a esta conclusión tras analizar el contenido de diversos correos electrónicos relacionados con los procedimientos investigados, identificando que el firmante de los informes de valoración en tres procedimientos distintos fue la misma persona, Luis Prieto.
Es importante señalar que, en este expediente concreto, no se ha encontrado ninguna carta de recomendación firmada por Begoña Gómez. De hecho, en la investigación abierta por la Fiscalía Europea, la mujer del presidente del Gobierno solo ha comparecido en calidad de testigo durante el mes de mayo, ya que las pesquisas se han centrado siempre en la figura de Barrabés.
La Fiscalía Europea ha mantenido una investigación durante dos años centrada en otros dos expedientes de Red.es. El primero, relativo a la 'Formación empleo juvenil para la economía digital', en el cual la UTE de Barrabés obtuvo dos de los seis lotes por un valor de 4,8 millones de euros (sin IVA). El segundo, sobre el 'Servicio de formación para personas desempleadas', donde se le asignó un lote por 3,6 millones de euros (sin IVA). En conjunto, estas adjudicaciones suman un total de 8,4 millones de euros.
Para esclarecer los hechos, la Fiscalía Europea ha citado a diversos testigos que firmaron cartas de apoyo a la oferta de Barrabés, las cuales serían idénticas a las de Begoña Gómez. Asimismo, ha trascendido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que califica como "arbitraria" la decisión de Red.es de puntuar las ofertas basándose en cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores. Según el órgano fiscalizador, esta acción excedió la capacidad discrecional del valorador y constituyó una "actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica", beneficiando injustamente a determinados licitadores, entre ellos la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School.
Resulta notable la discrepancia entre los informes técnicos presentados en la causa. Mientras que la IGAE ve irregularidades claras, un informe de la UCO de 2024 indicaba que, en líneas generales, la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habrían desarrollado "aparentemente con normalidad" y bajo los principios de la contratación pública. Sin embargo, un informe posterior de la IGAE, presentado el 30 de mayo de 2025 a petición del juez Peinado, volvió a señalar incumplimientos normativos. En este caso, se indicó que el peso otorgado al precio de la oferta fue inferior al que debía ser, elevando la relevancia de criterios subjetivos que deberían haber sido evaluados por un comité de expertos externo a Red.es.
Desde la defensa de Juan Carlos Barrabés, su abogado ha recurrido la rama de la investigación europea ante el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña. La defensa sostiene que la Fiscalía intenta "reiniciar a capricho la investigación" de hechos que ya habían sido instruidos durante casi dos años por el juez Peinado, basándose en una "sospecha policial irrelevante" que no habría sido apreciada por el experto de la IGAE. Por su parte, el abogado de Begoña Gómez ha calificado el conjunto del proceso ante el juez Peinado como un "procedimiento fantasma para erosionar a un Gobierno".
