La discusión sobre la seguridad en Chile ha sumado un nuevo eje de análisis centrado en la profesionalización del sector privado. A través de una misiva dirigida a la dirección editorial, Luis Villagra, Subgerente de Operaciones de Seguridad Privada de LIMCHILE, ha planteado una reflexión profunda sobre los desafíos y las condiciones necesarias para que la nueva normativa, específicamente la Ley Corta, se traduzca en una mejora real y sostenible para el país.
Según el análisis expuesto por Villagra, el proceso de profesionalizar la seguridad privada no puede reducirse únicamente al acto de elevar las exigencias técnicas o administrativas. El ejecutivo sostiene que, si bien es fundamental aumentar los estándares, este esfuerzo debe ir acompañado de la generación de condiciones concretas que permitan a los actores del sector cumplir adecuadamente con dichas demandas. En este sentido, la profesionalización se entiende como un proceso bidireccional donde la exigencia normativa debe encontrar un respaldo operativo y logístico viable.
En este contexto, la reciente Ley Corta es vista como una oportunidad estratégica. El objetivo sería implementar de manera ordenada una regulación que es considerada necesaria para un sector que desempeña un rol preventivo crítico en el día a día de la sociedad. Villagra destaca que la seguridad privada opera en espacios de alta circulación y vulnerabilidad, tales como clínicas, bancos y centros logísticos, donde la presencia de personal capacitado es esencial para el funcionamiento normal de estas instituciones y la seguridad de los usuarios.
Sin embargo, el camino hacia esta profesionalización conlleva desafíos operativos de gran magnitud. El proceso de capacitar, acreditar y supervisar a miles de trabajadores no es una tarea sencilla ni inmediata. Para que estos objetivos se cumplan, es imperativo que exista una coordinación institucional robusta y, sobre todo, la definición de plazos que sean realistas. La gestión de un volumen tan amplio de personal requiere de una planificación meticulosa que evite el colapso de los sistemas de acreditación y formación.
Una de las advertencias más claras en el planteamiento de Luis Villagra es el riesgo asociado a una implementación apresurada. El Subgerente de Operaciones advierte que, si los tiempos de transición no se ajustan a la realidad operativa, se podría generar un efecto contraproducente. Una ejecución acelerada de la norma podría afectar negativamente al empleo formal dentro del sector y, lo que es más grave, poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales que dependen de la seguridad privada para operar con normalidad. De este modo, una urgencia mal gestionada podría terminar vulnerando los mismos objetivos que la ley pretende alcanzar.
El horizonte propuesto para la seguridad privada en Chile es el de un sistema más preparado, trazable y responsable. La trazabilidad se vuelve un punto clave para garantizar que cada agente en terreno cuente con las competencias certificadas y que su actuar esté sujeto a marcos de responsabilidad claros. No obstante, Villagra enfatiza que este avance no debe ignorar el valor humano. Profesionalizar también implica reconocer y valorar el aporte de quienes ya cumplen funciones preventivas en terreno, integrándolos en este proceso de mejora continua.
Finalmente, el análisis cierra con una distinción fundamental sobre el rol de este sector en el ecosistema de seguridad nacional. Luis Villagra es enfático al señalar que la seguridad privada no tiene como objetivo reemplazar a la seguridad pública. Por el contrario, su función es complementaria. La articulación eficiente entre ambos sistemas es lo que permitiría una cobertura más efectiva y una respuesta más coordinada ante las necesidades preventivas del país.
En resumen, la postura de LIMCHILE insta a que la implementación de la Ley Corta sea conducida con pragmatismo, asegurando que la búsqueda de la excelencia profesional no comprometa la estabilidad laboral ni la operatividad de los servicios críticos en Chile.
