El Gobierno de España se encuentra en una situación de creciente fragilidad política mientras intenta aferrarse a su agenda legislativa para dotar de sentido al tiempo restante de la legislatura. Sin embargo, este esfuerzo choca frontalmente con la postura de sus socios, piezas imprescindibles para cualquier avance normativo, quienes se alejan progresivamente del Ejecutivo en un contexto marcado por los intentos del PSOE de perimetrar diversos casos de corrupción.
En la actualidad, los socios del Gobierno han manifestado que, por el momento, no facilitarán la caída inmediata del Ejecutivo, a menos que se lleguen a demostrar evidencias de financiación ilegal dentro del partido socialista. A pesar de esta salvaguarda, el clima general es de desconfianza, aunque las exigencias y las estrategias de cada formación aliada varían significativamente.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha mostrado un cambio de matiz en su postura. Tras haber reclamado adelantos electorales en las últimas semanas basándose en el actual momento político, los jeltzales han decidido otorgar un margen de maniobra al Gobierno. Se han abierto a la posibilidad de negociar los presupuestos, aunque han establecido una línea roja innegociable: si las cuentas públicas no logran salir adelante, exigirán la convocatoria inmediata de elecciones.
En una posición mucho más crítica se encuentra Junts. La formación independentista no ha ocultado que considera que la legislatura está "muerta" y demanda la disolución inmediata de las Cortes y una nueva llamada a las urnas. Desde Junts sostienen, tanto en sus declaraciones públicas como en sus comunicaciones privadas, que esta legislatura ya no tiene sentido y que intentar convencer a la ciudadanía de lo contrario supone mentir a la gente.
En cuanto a la negociación presupuestaria, Coalición Canaria ha confirmado que ya ha existido una primera toma de contacto entre la dirección de su partido y el Ministerio de Hacienda. Por su parte, Bildu ha admitido que todavía no se han producido reuniones formales para abordar la negociación de los presupuestos, aunque su portavoz ha confirmado que el partido ya tiene sus propuestas bastante avanzadas. A pesar de esto, Bildu ha dejado claro que no se convertirá en un obstáculo para la supervivencia del Gobierno en el caso de que finalmente no se aprueben nuevas cuentas públicas.
Paralelamente a la tensión presupuestaria, la relación entre el Ejecutivo y sus socios se ha visto afectada por la trama que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este asunto ha generado malestar y demandas de transparencia. ERC, concretamente, exige más explicaciones al Gobierno, centrándose especialmente en el origen de las joyas que fueron halladas en la caja fuerte del despacho del antiguo mandatario. Los socios republicanos piden que el tiempo restante de la legislatura se llene de iniciativas parlamentarias que puedan prosperar gracias a la mayoría obtenida en la investidura.
Sumar, el otro socio directo de Gobierno, también ha solicitado que Zapatero brinde mayores aclaraciones sobre los hechos. La formación liderada por Yolanda Díaz parece intentar aprovechar la actual debilidad del PSOE para ganar terreno y marcar la agenda política dentro del Consejo de Ministros.
Finalmente, la postura más tajante proviene de Podemos. La formación morada ha dado por finiquitada la legislatura, argumentando que la combinación de la falta de mayorías parlamentarias y los casos de corrupción han actuado como una losa definitiva, anulando cualquier posibilidad de futuro viable para este Gobierno.
