La administración de la presidenta Laura Fernández inició sus sesiones del Consejo de Seguridad Nacional en un clima de fuerte confrontación institucional. Este lunes, la primera reunión de dicho órgano, celebrada en Casa Presidencial, se llevó a cabo sin la participación de ningún representante del Poder Judicial, marcando un inicio conflictivo en la coordinación de las políticas de seguridad del país.
La ausencia de las máximas autoridades judiciales no fue un hecho imprevisto, sino el resultado de una decisión comunicada formalmente el viernes anterior. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, notificó a la mandataria que ninguna autoridad del brazo judicial asistiría a la convocatoria. Esta decisión se fundamenta en el rechazo al recorte presupuestario propuesto por el Poder Ejecutivo para el año 2027, el cual asciende a un monto de ¢26.549 millones.
A través de una misiva dirigida a la presidencia, Aguirre expuso la postura de la Corte, argumentando que resultaba "incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva". En el documento, el jerarca judicial subrayó que reducir los recursos financieros impacta directamente en la operatividad y efectividad de las medidas de seguridad que se pretenden discutir en el Consejo. Asimismo, Aguirre señaló que la agenda de la sesión incluía temas específicos sobre los cuales el Poder Judicial no podía emitir un criterio anticipado.
El vacío dejado por el Poder Judicial fue notable, ya que no solo faltó la presidencia de la Corte, sino también figuras clave para la operatividad de la justicia y la investigación criminal. Entre los ausentes se encuentran la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Durante el desarrollo de la sesión, la presidenta Laura Fernández no ocultó su malestar ante lo sucedido, calificando la decisión de los jerarcas judiciales como un "desplante y berrinche". La mandataria manifestó su sorpresa respecto a la ausencia de Soto y Díaz, indicando que ambos habían confirmado previamente su asistencia por escrito. Según Fernández, es evidente que a estos funcionarios "les torcieron el brazo en el camino hacia este Consejo", sugiriendo una presión interna desde la cúpula del Poder Judicial para coordinar la inasistencia.
En un tono crítico, la presidenta afirmó que, para los representantes judiciales, parece ser más prioritario "hacer berrinches por el recorte del presupuesto que ponerse a trabajar por el pueblo de Costa Rica". Fernández hizo un llamado a que el Poder Judicial presente propuestas concretas en lugar de ausentarse, enfatizando que el país requiere resultados inmediatos en materia de seguridad.
Más allá de las críticas verbales, la presidenta advirtió que los jerarcas que decidieron no asistir podrían enfrentar consecuencias legales. Fernández indicó que podría interponer una denuncia por incumplimiento de deberes, basando su argumento en que el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano de rango constitucional, lo que obligaría a sus miembros a cumplir con sus convocatorias.
A pesar de la ausencia del brazo judicial, la reunión contó con una amplia representación del Poder Ejecutivo. Participaron los ministros Gerald Campos (Seguridad), Gabriel Aguilar (Justicia y Paz), Rodrigo Chaves (Presidencia) y Arnold Zamora (Comunicación), además del ministro de Hacienda. También estuvieron presentes el jefe de despacho de la Presidencia, Alexander Astorga; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Carolina Delgado; y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Jorge Torres.
Como siguiente paso en su estrategia de seguridad, la presidenta Fernández adelantó que la Asamblea Legislativa será el próximo actor convocado al Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de impulsar la agenda y las iniciativas propuestas por el Ejecutivo.
