La Comisión revisora encargada de analizar la Acusación Constitucional (AC) presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha definido formalmente su hoja de ruta para el cierre de esta etapa procesal. Tras una serie de deliberaciones y ajustes en su agenda, el organismo legislativo estableció que la sesión para votar el informe final de la acusación se llevará a cabo el próximo lunes. Una vez concretada esta votación, el texto resultante será remitido el día martes a la Sala de la Cámara de Diputados para su discusión y resolución definitiva.
Este cronograma surge en un contexto de tensiones y contratiempos logísticos dentro de la comisión. El organismo se vio obligado a suspender la sesión que originalmente estaba programada para este viernes, debido a una cifra considerablemente alta de invitados que declinaron asistir a las convocatorias. Esta situación generó un malestar evidente entre los parlamentarios que integran la instancia, quienes cuestionaron la falta de respuesta y el ausentismo de los especialistas convocados para aportar luz sobre los puntos críticos de la acusación.
La Presidenta de la Comisión, la diputada Marcela Hernando, representante del Partido Radical, entregó detalles precisos sobre la situación tras la sesión celebrada el miércoles. Según explicó la parlamentaria, el balance de las invitaciones fue dispar y preocupante para el desarrollo del análisis técnico. Hernando detalló que, de la totalidad de los invitados propuestos tanto por la parte acusadora como por la defensa y los propios diputados, 14 personas presentaron excusas para no asistir, mientras que solo 7 confirmaron su participación efectiva.
Entre las figuras destacadas que declinaron asistir a las sesiones se encuentran nombres de relevancia en el ámbito técnico y jurídico, tales como Javiera Martínez Fariña, quien se desempeñó como directora de Presupuestos; William García Machmar, exministro del Tribunal Constitucional; Jorge Rodríguez Cabello, economista y ex presidente del Consejo Fiscal Autónomo; y Pablo García Silva, quien preside la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.
En contraste, la comisión pudo contar con la confirmación de un grupo reducido de expertos. Entre quienes aceptaron participar figuran el exministro del Tribunal Constitucional, Juan José Romero; el exministro de Hacienda, Manuel Marfán; y Felipe Lizama, profesor de derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC). Estos testimonios serán fundamentales para conformar el juicio objetivo que la comisión busca plasmar en su informe final.
Ante la imposibilidad de contar con la totalidad de los expertos solicitados, los parlamentarios manifestaron su descontento, señalando que, ante la falta de comparecencias presenciales, se verán obligados a conformarse con las opiniones y análisis que diversos especialistas han vertido previamente a través de la prensa y otros medios de comunicación públicos.
La diputada Marcela Hernando admitió que este escenario es lamentable, ya que, en cierta medida, resta posibilidades de profundizar en el conocimiento de opiniones expertas directas durante las sesiones. No obstante, señaló que las inasistencias "pueden ser interpretadas de diferentes maneras", dejando abierta la reflexión sobre las razones detrás de estas declinaciones.
A pesar de los inconvenientes con la agenda de los invitados, la presidenta de la comisión valoró positivamente la reunión del miércoles, calificándola como "muy productiva". Según Hernando, el haber escuchado a ambas partes en dicha instancia permitió a los integrantes de la comisión comenzar a construir un juicio objetivo sobre los hechos que motivan la acusación constitucional contra el exministro.
Finalmente, la parlamentaria hizo un llamado explícito a la ciudadanía para que se mantenga informada sobre el desarrollo de este proceso, subrayando la importancia de la transparencia en una instancia de tal relevancia política. Con el cierre de la etapa de análisis el próximo lunes y el envío del texto a la Cámara el martes, el futuro de la acusación constitucional contra Nicolás Grau quedará en manos del hemiciclo de diputados.
