El Congreso Nacional de Honduras ha dado inicio formal a la discusión en primer debate de un dictamen que propone reformas estructurales al subsector eléctrico del país. Esta iniciativa legislativa, compuesta por un total de 18 artículos, tiene como objetivo central reorganizar el sistema energético nacional y fortalecer la sostenibilidad operativa y financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
De acuerdo con el procedimiento legislativo, el proyecto de reforma deberá superar dos debates adicionales antes de ser sometido a la aprobación final por parte del pleno. Durante la sesión de este martes, la Comisión de Energía subrayó que el documento no es producto de una decisión unilateral, sino el resultado de un exhaustivo proceso de socialización. Este proceso incluyó la participación de diversos sectores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil, cuyas observaciones y sugerencias fueron integradas en la redacción final del dictamen.
El diputado Milton Puerto, quien preside la Comisión de Energía, destacó la importancia de haber mantenido un diálogo abierto con múltiples actores clave. Entre los sectores consultados se encuentran las autoridades de la Enee, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), así como representantes de los trabajadores del sector, empresas privadas, generadores de energía, colegios profesionales, organismos internacionales y diversas organizaciones civiles.
Puerto enfatizó que el proceso se llevó a cabo con "altura política", permitiendo que cada sector presentara sus recomendaciones. El parlamentario nacionalista por Yoro señaló que el fin primordial de esta iniciativa es resolver una problemática que ha afectado a la población hondureña durante décadas. Según el legislador, la meta es garantizar el suministro de energía de calidad, asegurar la disponibilidad del servicio las 24 horas del día y, fundamentalmente, lograr que la energía sea más barata para los ciudadanos.
Uno de los puntos más críticos y debatidos durante la sesión fue la posible privatización de la estatal eléctrica. Al respecto, el diputado Puerto fue enfático al aclarar que la reforma no contempla la privatización de la Enee. Para brindar seguridad jurídica sobre este punto, el dictamen incorpora disposiciones específicas diseñadas para proteger los activos estratégicos de la institución.
En términos legales, el documento declara que los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la Enee son bienes de dominio público. Por lo tanto, quedan catalogados como inembargables, intransferibles, inalienables, de seguridad nacional y de interés social.
En consonancia con estas declaraciones, el gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting, reafirmó que la intención de la reforma es rescatar y fortalecer la empresa pública. "La Enee no se vende, aquí se está rescatando y lo estamos haciendo responsablemente", aseguró el gerente, subrayando que los esfuerzos están enfocados en tres ejes principales: la reducción de los costos de la energía, la mejora en la calidad del servicio y la disminución de los apagones que impactan negativamente a los hogares, comercios e industrias del país.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, aportó la perspectiva económica de la reforma. El funcionario explicó que el sistema eléctrico hondureño enfrenta desafíos financieros y operativos profundos que demandan soluciones estructurales para asegurar su viabilidad a largo plazo. Hernández Hércules advirtió que las obligaciones financieras ligadas al sector energético han crecido en los últimos años y que las pérdidas del sistema continúan siendo uno de los mayores retos para la estabilidad de la estatal.
El secretario de Finanzas también detalló que, en el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el Estado ha destinado recursos significativos hacia subsidios energéticos. Esta medida fue implementada con el propósito de proteger a los sectores más vulnerables de la población frente a las fluctuaciones en los costos de los combustibles y la energía.
Finalmente, Hernández Hércules instó a no interpretar la reforma como una fragmentación o privatización, sino como un proceso de fortalecimiento institucional. Sostuvo que una mejor organización de las actividades de generación, transmisión y distribución permitirá atraer inversiones, mejorar la planificación y elevar la eficiencia y transparencia en la gestión. El funcionario concluyó advirtiendo que la confiabilidad energética es un requisito indispensable para cualquier inversionista internacional y, por ende, es una pieza clave para generar empleo y fomentar el crecimiento económico del país, contando para ello con el respaldo del Gabinete Económico y organismos multilaterales.
