La ciudad de Bogotá atraviesa una situación crítica en materia de justicia policiva, acumulando actualmente más de 1,48 millones de expedientes sin resolver. Esta cifra ha reactivado la discusión sobre la capacidad real de las inspecciones de Policía para gestionar y dar respuesta a los conflictos cotidianos de convivencia que afectan a los habitantes de la capital. La alerta fue emitida por la Personería de Bogotá, organismo que advirtió sobre la existencia de una congestión estructural que impide el funcionamiento eficiente de estas dependencias.
Las inspecciones de Policía desempeñan un rol fundamental en la administración urbana, ya que son las encargadas de tramitar los comportamientos contrarios a la convivencia y resolver los asuntos contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sin embargo, la magnitud del represamiento sugiere que el sistema está colapsado.
Según la información difundida por Caracol Radio y la Revista Semana, con corte al mes de marzo de 2026, la capital colombiana registraba más de 1.487.000 procesos abiertos. Al respecto, el personero Andrés Castro señaló que este rezago es la consecuencia de una brecha persistente y profunda entre la demanda de justicia por parte de la ciudadanía y la capacidad institucional para procesar, decidir y brindar respuestas efectivas.
Uno de los puntos más alarmantes del reporte es el bajísimo nivel de avance real de los expedientes. El monitoreo realizado por el organismo de control reveló que solo el 5,7 % de los casos presenta actuaciones sustanciales. Esto significa que la gran mayoría, específicamente el 94,3 %, no tiene actuaciones registradas o se ha quedado estancada en las dos primeras fases del proceso, que corresponden a la radicación y el reparto.
La naturaleza de estos expedientes abarca una amplia gama de conductas que impactan directamente la calidad de vida en la ciudad. Entre los casos represados se encuentran procesos relacionados con el porte de armas cortopunzantes, riñas callejeras, la disposición inadecuada de residuos sólidos, el exceso de ruido y la ocupación indebida del espacio público. Asimismo, el sistema tiene acumuladas denuncias por evasión del pago en el sistema TransMilenio y el consumo de sustancias psicoactivas en entornos educativos.
Además de estas infracciones, las inspecciones deben manejar conflictos derivados de la tenencia de animales, quejas relacionadas con obras civiles y diversos asuntos urbanísticos. Cada uno de estos expedientes representa una solicitud ciudadana que aguarda una decisión administrativa, evidenciando que el ritmo de resolución del sistema avanza muy por debajo de la demanda social.
El personero Andrés Castro enfatizó que la Personería ha identificado un rezago estructural. Según el funcionario, esta situación se ha visto agravada por la finalización de estrategias transitorias de descongestión y por las demoras en la consolidación de capacidades permanentes dentro de la institución.
Un factor determinante en este deterioro ha sido el cierre de las inspecciones diseñadas específicamente para la descongestión. Los datos muestran que entre abril de 2021 y junio de 2024, se lograba cerrar un promedio de 41.500 expedientes mensualmente. No obstante, en el periodo comprendido entre julio de 2024 y octubre de 2025, este promedio descendió a 25.000 expedientes por mes. Esta reducción del 39,7 % en la capacidad de cierre ha golpeado severamente la respuesta institucional.
Dentro de los temas que generan mayor preocupación a la Personería se encuentra la mora en los casos vinculados al porte ilegal de armas. Para el 18 de marzo, Bogotá contaba con 507.800 casos de este tipo sin resolver. De ese total, 392.353 expedientes, lo que representa el 77 %, ni siquiera habían sido asignados a una dependencia para iniciar su trámite.
El represamiento de procesos no se distribuye de manera equitativa en todo el territorio. El reporte indica que las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa son las que concentran la mayor cantidad de expedientes activos, lo que demuestra que ciertas zonas de la ciudad enfrentan una presión mucho más aguda sobre las autoridades encargadas de la convivencia.
Finalmente, el informe revela la antigüedad extrema de algunos procesos. La Personería identificó que existen 33.949 procesos iniciados antes del año 2017 que aún permanecen vigentes. Los casos más extremos incluyen un proceso por espacio público en la localidad de Kennedy abierto desde 1985, y otro relacionado con el cerramiento de parques en Puente Aranda que data de 1986.
Esta situación deja una conclusión clara para la administración distrital: Bogotá no solo enfrenta un volumen masivo de expedientes represados, sino una incapacidad institucional para transformarlos en decisiones de fondo, dejando a los ciudadanos en un estado de incertidumbre frente a los conflictos que afectan su vida diaria.
