Las autoridades panameñas han procedido al traslado de un grupo de internos de alta peligrosidad hacia una base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ubicada en la isla de Coiba. Entre los trasladados se encuentran cabecillas de algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del país, así como narcotraficantes a quienes se les atribuye el control de rutas de tráfico de drogas, la ejecución de homicidios y diversos ajustes de cuentas.
Dentro del grupo de reos destaca la presencia de Juan Vicente Blandford, conocido bajo el alias de "Jancin". Blandford fue detenido y condenado en el año 2022 como resultado de la operación Piedra Negra, un operativo que logró desmantelar una red criminal especializada en la contaminación de contenedores. Actualmente, Blandford cumple una condena de 156 meses de prisión por los delitos imputados en dicha causa. Junto a él, también fue enviado a Coiba Luis Guerrero Gaviria, quien fue condenado por delitos relacionados con drogas en la misma operación Piedra Negra. Guerrero Gaviria había sido requerido por la justicia desde 2016, año en que se fugó de prisión, permaneciendo prófugo hasta su captura en 2019 durante un operativo policial.
Asimismo, el traslado incluye a Carlos Mosquera, alias "Calitín", detenido en 2022 durante la operación Alpes. Esta acción policial permitió desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en las zonas costeras de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Veraguas. Cabe señalar que Mosquera ya contaba con antecedentes judiciales previos, habiendo sido procesado en 2015 por tráfico de drogas durante la operación Los Campeones.
En cuanto a los líderes de pandillas, las autoridades trasladaron a José Cossio, señalado como uno de los cabecillas de la agrupación "Calor Calor". El caso de Cossio ha generado controversia debido a que, en 2022, fue liberado de manera irregular por el entonces juez Gerardo Ríos. Esta liberación dio lugar a la apertura de una investigación penal. La irregularidad fue detectada por funcionarios de la Fiscalía de Drogas, quienes, al revisar el cumplimiento de una pena de 74 meses de prisión por delitos relacionados con drogas, advirtieron que la sentencia no se había cumplido en su totalidad. Tras la alerta, se revisó la medida y el 24 de septiembre de 2020 se dejó sin efecto su liberación, ordenándose nuevamente su arresto.
Otros perfiles de alta peligrosidad enviados a la isla son Héctor Moisés Barberena, alias "Moisés", quien cumple una condena de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y tráfico de drogas, y Eduardo Macea, alias "Marshall". Macea fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación contra Macea comenzó el 12 de marzo de 2019, tras un operativo en el área de Amador donde se decomisó droga, armas de fuego y tres vehículos de lujo en un apartamento valorado en 300 mil dólares.
También figura en la lista Enrique "Chino" Candanedo, considerado cabecilla de una pandilla que opera en el sector de Pedregal, en el distrito de Panamá, y quien fue deportado de Colombia en 2017. En junio de 2024, un tribunal confirmó una sentencia de 50 años de prisión contra Candanedo, Sebastián González e Ismael Cueto por el homicidio del sargento de la Policía Nacional Levis Elvis Santana y de la joven Yissel Soca Amaya, ocurrido el 4 de abril de 2016.
Este movimiento de internos, la mayoría provenientes de la cárcel de Punta Coco en la isla del Rey, se fundamentó en vulnerabilidades detectadas en dicho centro penitenciario. Adicionalmente, fueron trasladados privados de libertad de la cárcel La Joyita que presuntamente participaron en la fuga masiva de 195 reos registrada el pasado 1 de junio.
La medida ha generado reacciones en el ámbito legal. Un grupo de abogados litigantes anunció que presentará acciones legales contra los ministerios de Gobierno y de Seguridad, argumentando que el traslado carece de justificación suficiente. El abogado Valentín Jaén, representante de varios detenidos, afirmó que la decisión violó garantías fundamentales y se ejecutó sin consulta previa. Jaén señaló que la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, exige que cualquier traslado permanente esté debidamente fundamentado y sea informado a los reclusos. Además, denunció que persiste un alto grado de hacinamiento y una deficiente clasificación de los privados de libertad.
Por su parte, Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, opinó que el traslado a Coiba debe ser una medida temporal derivada de la coyuntura por la fuga en La Joyita. Barría Pino recordó que Coiba es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y advirtió que no puede volver a convertirse en un centro de reclusión permanente, instando al Ministerio de Seguridad a implementar una solución definitiva para el manejo de internos de alta peligrosidad.
