A partir de las 00:00 horas del próximo 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata implementará una transformación profunda en su sistema judicial. Esta medida consiste en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019), una acción que representa un avance clave en la reforma del proceso penal federal con el objetivo central de modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del territorio nacional.
La fecha de inicio fue oficializada durante esta madrugada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026. Esta decisión es el resultado de un extenso proceso de coordinación, evaluación y adecuación institucional que ha sido impulsado por el Ministerio de Justicia para asegurar que la transición se realice de manera efectiva.
El nuevo modelo judicial se basa en el sistema acusatorio, el cual tiene como metas principales agilizar los procedimientos judiciales, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia general en la persecución penal. De acuerdo con la fundamentación de la medida, esta decisión responde a la necesidad imperativa de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, poniendo un énfasis especial en la gestión de delitos complejos y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La implementación en la jurisdicción de La Plata se encuentra enmarcada en una política de Estado orientada a consolidar un esquema federal de trabajo conjunto. Este enfoque busca articular los esfuerzos de los diversos organismos que componen el sistema de justicia nacional para lograr una operatividad cohesionada.
Desde el punto de vista normativo, el proceso se rige por el artículo 2° de la Ley N° 27.150, el cual establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe llevarse a cabo siguiendo un cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. Asimismo, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma ley, el Ministerio de Justicia ha dictado los actos administrativos y formulado las propuestas necesarias para que la implementación del sistema se realice de forma paulatina en los distintos distritos federales y nacionales.
Hasta el momento, este proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales. Entre ellos se incluyen provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. Además, el sistema ya opera en regiones específicas de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
El objetivo final del Gobierno es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones del país. En la lista de regiones pendientes de implementación se encuentran Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, diversos sectores de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso particular de La Plata, la jurisdicción es amplia y estratégica. Abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se ubican infraestructuras críticas para el tránsito poblacional y comercial, destacándose el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” (Ezeiza) y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud.
Es importante señalar que la fecha de implementación en La Plata sufrió modificaciones previas. Inicialmente, el inicio estaba programado para el 18 de mayo de 2026, pero luego fue diferido al 30 de noviembre del mismo año para garantizar que todas las acciones preparatorias finalizaran de manera ordenada. Finalmente, el cronograma se ajustó para fijar la entrada en vigencia el 21 de septiembre, basándose en los avances logrados en materia de tecnología, infraestructura y capacitación.
En cuanto a los recursos técnicos, se han incorporado los Sistemas UFED y otros dispositivos asociados. Estas herramientas potencian la capacidad de tratamiento de evidencia digital, lo que incrementa la trazabilidad en la cadena de custodia y la eficiencia general. Gracias a estos implementos, la Procuración podrá mejorar la persecución penal en delitos complejos, asegurando mayores garantías de integridad probatoria.
De manera complementaria, el Consejo de la Magistratura ha trabajado en mejoras edilicias y tecnológicas. Este organismo informó que ya se encuentran disponibles los espacios necesarios para instalar salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio. Dichas salas cuentan con equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos diseñados específicamente para la gestión digital de las audiencias orales.
Finalmente, la adecuación no se limitó a la infraestructura física y técnica, sino que incluyó la capacitación del capital humano. Los operadores judiciales, incluyendo a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, participaron en talleres de estandarización operativa y simulacros de audiencias, con el propósito de fortalecer sus capacidades y prepararlos para los desafíos que impone el nuevo modelo procesal.
