El rector interino de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Pedro González, ha dado un paso formal y determinante en la gestión de la institución al solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría forense exhaustiva. Esta solicitud tiene como objetivo principal analizar y fiscalizar el manejo de los recursos financieros de la casa de estudios superiores durante un periodo específico, comprendido entre agosto de 2024 y junio de 2026.
Según las declaraciones brindadas por González, la implementación de esta medida técnica busca verificar la veracidad de diversas denuncias que apuntan a posibles irregularidades en los ámbitos administrativo y financiero de la universidad. El rector interino enfatizó que el proceso de auditoría no solo se limitará a la revisión de los fondos, sino que también tendrá la misión crítica de identificar las debilidades existentes en los controles internos de la organización. De esta manera, la administración pretende establecer los correctivos necesarios que permitan sanear las finanzas y, fundamentalmente, recuperar la confianza de la comunidad universitaria y la sociedad en general sobre la gestión de la casa de estudios.
Esta solicitud de intervención por parte de la Contraloría se produce en un contexto institucional sumamente complejo. La UNACHI se encuentra actualmente bajo la lupa debido a una serie de investigaciones que rodean presuntos casos de nepotismo dentro de sus estructuras. A esto se suman fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad y el uso de títulos académicos que habrían sido utilizados para obtener ascensos laborales, lo que ha generado una atmósfera de inestabilidad y duda sobre los procesos de meritocracia en la institución.
En el plano económico, la situación es igualmente alarmante. Las autoridades universitarias han expuesto datos que revelan un creciente déficit presupuestario que compromete la operatividad de la institución. Según la información suministrada, la universidad opera con un presupuesto aproximado de 72 millones de dólares; sin embargo, se ha evidenciado que la ejecución de los gastos ha superado esa cifra en los últimos años, creando un desbalance financiero que ahora requiere una revisión profunda y detallada.
Al respecto, el contralor general, Anel Flores, ha emitido advertencias severas sobre el estado de las finanzas de la universidad. Flores señaló recientemente que la UNACHI enfrenta problemas críticos de liquidez, una situación que podría derivar en consecuencias graves para el personal. El contralor advirtió que la falta de fondos disponibles podría afectar directamente el pago de la planilla salarial a partir del mes de julio. Asimismo, aclaró que los retrasos que ya se están experimentando en los pagos son una respuesta directa a la insuficiencia de recursos para cubrir las obligaciones salariales contraídas por la institución.
Este escenario de precariedad financiera ha trasladado la crisis al ámbito personal de los trabajadores universitarios. El personal ha manifestado una creciente preocupación, asegurando que los atrasos en sus salarios están impactando negativamente sus compromisos financieros externos. Entre las afectaciones mencionadas se encuentran los pagos pendientes en entidades bancarias, las obligaciones con cooperativas y diversos compromisos personales que dependen enteramente de la puntualidad de sus remuneraciones.
Ante la gravedad de los hechos, la administración interina liderada por Pedro González ha informado que no permanecerá pasiva. La universidad ha programado una serie de reuniones estratégicas con el Ministerio de Economía y Finanzas, así como con otras entidades gubernamentales pertinentes. El propósito de estos encuentros es buscar alternativas viables y soluciones urgentes que permitan garantizar la estabilidad financiera de la UNACHI, asegurando que se puedan cumplir los compromisos laborales y mantener la operatividad académica.
En resumen, la UNACHI atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La combinación de presuntas irregularidades administrativas, el cuestionamiento de títulos académicos, el nepotismo y un déficit presupuestario severo han colocado a la institución en una posición vulnerable. Ahora, la comunidad universitaria espera los resultados de la auditoría forense solicitada para determinar con precisión el alcance de la crisis y establecer las responsabilidades legales y administrativas sobre el manejo de los recursos públicos.
