La iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, cuyo objetivo principal es modernizar y rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha obtenido el respaldo formal de los principales organismos multilaterales de financiamiento que brindan acompañamiento a Honduras en las áreas económica, energética e institucional.
Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) coincidieron en que esta propuesta de reforma representa una oportunidad fundamental para ordenar el sector eléctrico del país. Según los organismos, la medida permitirá fortalecer la institucionalidad, elevar la calidad del servicio suministrado a la población y generar las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones destinadas al desarrollo energético nacional.
En detalle, la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, Anabel González, subrayó que la propuesta presentada por el Gobierno hondureño se alinea con los estándares y las buenas prácticas internacionales. González destacó que el plan promueve un sector eléctrico más moderno, ordenado y transparente, resaltando un punto clave de la iniciativa: la posibilidad de modernizar la estructura de la ENEE sin que ello implique un proceso de privatización.
En sintonía con esta postura, Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, señaló que las reformas planteadas incorporan experiencias exitosas que ya han sido aplicadas en otros países. De acuerdo con la funcionaria, la implementación de estas medidas busca construir un sistema eléctrico que sea más eficiente, sostenible y confiable para todos los sectores de la sociedad hondureña.
Por su parte, el liderazgo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) también manifestó su apoyo. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la institución, afirmó que Honduras requiere urgentemente de una reforma que permita ordenar y modernizar el sistema eléctrico. Según Díaz-Granados, este paso es esencial para fortalecer el sector y crear un entorno atractivo tanto para la inversión nacional como para la extranjera.
Complementando esta visión, Vivian Casco, representante de CAF en Honduras, subrayó que la iniciativa no solo contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad y a la mejora de la calidad del servicio, sino que también generará mejores condiciones generales para el desarrollo económico del país, impactando positivamente en el crecimiento productivo.
A nivel interno, diversas autoridades del Gobierno de Honduras han sido enfáticas en reiterar que la reforma no contempla la privatización de la ENEE. Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, sostuvo que el concepto de modernizar la empresa es, en esencia, rescatarla y fortalecerla. Para Castro, el objetivo es devolverle la eficiencia a la entidad para que continúe siendo un patrimonio fundamental del pueblo hondureño.
Desde la perspectiva financiera, el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, aseguró que el Estado mantendrá la propiedad del 100 por ciento de la empresa y de todas sus subsidiarias. Esta garantía de propiedad pública fue respaldada por la designada presidencial, María Antonieta Mejía, quien enfatizó que los activos estratégicos del país, incluyendo las represas y las redes de distribución, continuarán bajo el control total del Estado.
El presidente Nasry Asfura ha mantenido una postura firme sobre la necesidad de contar con una ENEE que sea más eficiente, transparente y sostenible. El mandatario sostiene que estas mejoras son indispensables para garantizar un suministro de energía de calidad, lo cual es un requisito básico para atraer inversiones, generar nuevos empleos y, fundamentalmente, reducir una de las fuentes más significativas de pérdidas para las finanzas públicas del Estado.
En conclusión, la propuesta de reforma se presenta como una estrategia integral para construir una empresa eléctrica más fuerte y moderna. El Gobierno y los organismos multilaterales coinciden en que es posible alcanzar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera manteniendo intacta la propiedad pública de la ENEE, asegurando así que la empresa continúe operando al servicio de todos los ciudadanos hondureños.
