El camino hacia una eventual transición democrática en Cuba presenta desafíos complejos que van más allá de la disputa entre el Partido Comunista y la oposición. En un análisis detallado sobre el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior y el conglomerado empresarial Gaesa, las académicas Laura Tedesco y Rut Diamint advierten que cualquier proceso de cambio real deberá contemplar una negociación directa con el estamento militar para garantizar la viabilidad del nuevo sistema.
Tedesco, profesora en Saint Louis University en Madrid, y Diamint, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, han centrado sus investigaciones en las relaciones civiles-militares en América Latina. Ambas expertas coinciden en que, si bien es posible alcanzar una transición sin negociar explícitamente con los militares, este camino es sumamente difícil y conlleva el riesgo de debilitar significativamente al gobierno que surja tras el cambio. Según las académicas, el primer gobierno democrático deberá tener la claridad de que será necesario realizar concesiones para asegurar la gobernabilidad, ya que los militares que actualmente gozan de privilegios y beneficios no estarán dispuestos a renunciar a ellos voluntariamente.
Al analizar si las FAR representan el principal obstáculo para el cambio, las especialistas señalan que, aunque no son el impedimento mayor, actualmente no existe un liderazgo visible dentro de la institución que impulse una democratización. No obstante, sugieren que es probable que las fuerzas armadas inicialmente defiendan el nuevo régimen y, una vez que las condiciones cambien, busquen la manera de acomodarse al nuevo orden, siguiendo el patrón observado en otros procesos de transición en América Latina.
Respecto a los riesgos de inestabilidad, como golpes de Estado o rebeliones internas, Tedesco y Diamint sostienen que la resistencia al cambio provendría más de otras estructuras políticas y económicas que de las FAR. Argumentan que las fuerzas cubanas están acostumbradas al mandato del partido y carecen de una tradición golpista, comparando esta situación con la adaptación que vivieron las fuerzas en los países de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, subrayan una incertidumbre crítica: la reacción de los militares vinculados a la economía a través de Gaesa, el poderoso conglomerado que controla gran parte de la economía nacional. Existe una distinción clara entre los miembros comunes de las FAR y aquellos jerarcas relacionados con las empresas, quienes poseen privilegios significativamente mayores.
En este punto, surge una divergencia de opiniones entre las expertas sobre cómo manejar el poder económico militar. Rut Diamint sostiene que los militares actúan como "soldados de los dueños económicos" y que, por tanto, las reformas económicas serían las más fáciles de implementar y las que encontrarían menor rechazo. Por el contrario, Laura Tedesco difiere parcialmente, argumentando que los jerarcas militares vinculados a las empresas tienen mucho que perder y que, en consecuencia, negociarán activamente su rol tanto económico como político.
Sobre la justicia transicional, las académicas afirman que sin procesos de verdad, justicia y reparación no habrá un cambio real. No obstante, advierten que hoy no se vislumbran líderes con la legitimidad suficiente para evitar que la sociedad caiga en una búsqueda de revancha. En cuanto a la restitución de propiedades confiscadas en la década de los 60, consideran improbable que se devuelvan todas; sugieren que podrían recuperarse aquellas convertidas en escuelas o entidades públicas, pero recomiendan que las propiedades que ya están en manos de particulares no sean expropiadas.
Para organizar la defensa en democracia, proponen la creación inmediata de un Ministerio de Defensa dirigido por civiles, con mandatos claros y un nombre nuevo que permita independizar a la institución del fracaso de la Revolución. Al ser consultadas sobre modelos como los de Costa Rica o Panamá, donde se abolieron las fuerzas militares, las expertas descartan su aplicabilidad en Cuba. Argumentan que el nivel de militarización del país, la falta de acuerdos entre élites y las diferencias en la hegemonía de Estados Unidos hacen que estas experiencias sean irreplicables en el contexto cubano.
Finalmente, Tedesco y Diamint hacen un llamado a la oposición democrática, la sociedad civil y el exilio para que comprendan la magnitud del poder militar. Advierten que la remilitarización regional se debe, en parte, al desconocimiento de los políticos sobre cómo gestionar a los militares. Concluyen que las FAR no abandonarán su posición privilegiada por iniciativa propia, por lo que un líder legítimo y bien asesorado deberá, desde los primeros días de gobierno, ejecutar medidas firmes para establecer el control civil sobre lo militar y eliminar el rol económico ejercido a través de Gaesa, anticipando que la negociación será complicada y llena de obstáculos.
