El Gobierno Nacional cerró una semana marcada por una profunda dualidad. Mientras que los indicadores económicos comenzaron a ofrecer datos que alimentan el optimismo oficial, la gestión política volvió a evidenciar las limitaciones de una administración que lucha por superar sus propios escándalos internos. El centro de la controversia es Manuel Adorni, cuya situación personal y administrativa ha regresado al foco de la atención pública, exponiendo una vulnerabilidad recurrente en la estrategia de comunicación y ética de La Libertad Avanza.
El conflicto se reactivó tras la presentación de la declaración jurada de Adorni, un movimiento que coincidió con el inicio del Mundial, en un intento fallido de desplazar la atención mediática. El escándalo se profundizó debido a dos acciones específicas. En primer lugar, la decisión del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, de adherir al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la ley de Inocencia Fiscal. Aunque esta medida es legalmente válida, ha sido cuestionada desde el plano ético, ya que permite declarar activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos.
En segundo lugar, la explicación brindada por el jefe de Gabinete generó incertidumbre. Adorni sostuvo que había ahorrado "en negro" y que encontró un antiguo pen drive con medio millón de dólares, provenientes de operaciones con criptomonedas. Esta cifra resulta llamativa considerando que el funcionario había recibido previamente un préstamo de 200.000 dólares de parte de dos jubiladas desconocidas.
La reacción interna no se hizo esperar. Patricia Bullrich calificó el hecho como una "omisión ética", subrayando que el Gobierno tiene la moral como política de Estado. La ministra ha mantenido una postura de distanciamiento, enviando mensajes autónomos que sugieren una tensión latente dentro de la mesa política, en un momento donde el oficialismo necesita cohesionar al sector de centro derecha de cara al 2027.
Desde el punto de vista legal, el tributarista Guillermo Poch aclaró que las rectificaciones impositivas y los beneficios de la Inocencia Fiscal no detienen la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, ya que ambos procesos transitan por carriles independientes. Mientras tanto, el costo político es evidente: un estudio de Reputación Digital reveló que, entre el 3 y el 6 de junio, el 82,1% de las menciones sobre Adorni fueron negativas. El impacto ha llegado incluso al presidente Javier Milei, quien comienza a absorber parte del costo político.
Esta crisis ha desencadenado pedidos de interpelación y mociones de censura en el Congreso. Asimismo, Victoria Villarruel ha impulsado que Adorni brinde un informe de gestión en el Senado este mes, aunque la Casa Rosada intenta postergar el encuentro para julio. Fuentes internas admitieron que la situación es un "papelón" y que los argumentos presentados no han logrado convencer a la opinión pública.
Este escenario ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible refresco del Gabinete. Los movimientos de piezas podrían no ser neutros, reabriendo disputas internas. Se menciona el deseo de Karina Milei de centralizar la Casa Militar y la Secretaría de Inteligencia bajo su jefatura, mientras que en la cartera de Salud, Mario Lugones enfrenta cuestionamientos tanto internos como externos por su gestión y la posible desregulación de la venta de medicamentos.
En contraste con el ruido político, el frente económico mostró señales favorables. El IPC ratificó una desaceleración inflacionaria y la calificadora Standard & Poor’s mejoró la nota de la deuda argentina, llevando el riesgo país a sus niveles más bajos en ocho años. No obstante, durante una charla privada organizada por Fitch en Puerto Madero, surgieron matices importantes.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió la gestión resaltando la baja de la inflación y la compra de dólares por el Banco Central, advirtiendo que no se debe apostar a una devaluación. Sin embargo, especialistas presentes criticaron que Daza se apoyara en relatos oficiales sobre una caída de la pobreza basados en artificios metodológicos y un desendeudamiento que, según algunos, luce inflado por el atraso cambiario.
Por su parte, Todd Martínez, de Fitch, señaló que el índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella mantiene una tendencia descendente y advirtió que el superávit fiscal se neutraliza al incorporar los resultados provinciales. Fitch dejó claro que no mejorará la calificación soberana hasta que se acumulen cerca de 62.000 millones de dólares en reservas y se eliminen las restricciones cambiarias.
Finalmente, la economía real muestra señales de alerta: en marzo se perdieron más de diez mil puestos de trabajo registrados según el SIPA, y la industria manufacturera cayó un 2,8% interanual. Estos datos subrayan que el desafío del Gobierno no es solo macroeconómico, sino también político y social, para evitar que los errores de gestión neutralicen los avances financieros.
