La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) ha manifestado su determinación de continuar brindando acompañamiento legal y técnico en el caso de los líderes detenidos pertenecientes a la Alianza Nacional El Salvador en Paz. La organización denunció que estos veteranos y excombatientes se encuentran sumergidos en un proceso judicial que calificaron como dilatorio, el cual se ha extendido por dos años debido a las constantes prórrogas solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con los informes de la UNIDEHC, la FGR ha justificado estas extensiones de tiempo bajo el argumento de que aún es necesario continuar con la recopilación de pruebas. No obstante, la organización sostiene que estas medidas son arbitrarias y buscan prolongar la detención de los procesados.
El origen de este conflicto se remonta a las capturas efectuadas entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024, extendiéndose hasta el 3 de junio de ese mismo año. Estas detenciones ocurrieron en vísperas de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. Desde entonces, defensores de derechos humanos han alertado que los veteranos fueron detenidos mediante engaños y posteriormente acusados falsamente de planificar supuestos "actos terroristas".
La UNIDEHC destacó que diversas investigaciones periodísticas han señalado que el caso fue "inventado", basándose en la premisa de que las pruebas presentadas son falsas. Entre las irregularidades más graves, se menciona la existencia de un testigo que, según las indagaciones, se encontraba en dos lugares distintos al mismo tiempo: El Salvador y México.
En el ámbito de la representación legal, la UNIDEHC explicó que asumió la defensa del comunicador Luis Menjívar y del excombatiente José Santos Melara, más conocido como “Pepe Melara”. Durante los dos años de detención, la organización ha impulsado diversas acciones legales. Una de las primeras medidas fue la presentación de una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en junio de 2024, contando con el respaldo de múltiples organizaciones civiles y populares.
Sin embargo, la UNIDEHC denunció una grave falta de respuesta por parte de la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Ante el silencio institucional, la organización presentó un segundo escrito en noviembre de 2024, solicitando específicamente el monitoreo y la vigilancia de las condiciones de salud de los detenidos. Esta petición se fundamentó en la avanzada edad de los líderes y la existencia de enfermedades crónicas que padecen. La organización lamentó que, transcurridos casi dos años desde dicha solicitud, no ha recibido respuesta alguna, calificando esta situación como una muestra clara de negligencia institucional en la garantía de los derechos humanos.
En relación al caso particular de José Santos Melara Yanes, los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya presentaron un escrito el 15 de noviembre de 2024. En dicho documento, solicitaron que el tribunal requiriera al Hospital Nacional Rosales el expediente clínico número 15765-24, con el fin de obtener una valoración integral de su estado de salud y conocer los exámenes realizados por los especialistas.
Aunque el tribunal convocó a una audiencia especial en diciembre de 2024 para aclarar que existían consultas médicas programadas para enero de 2025, la judicatura resolvió que no procedía solicitar el expediente clínico hasta que finalizaran dichas evaluaciones. UNIDEHC señaló que, hasta la fecha, no ha recibido notificación alguna sobre la situación médica de Melara Yanes, subrayando que todas las gestiones han sido impulsadas exclusivamente por la defensa y no por el Estado.
La situación se agravó con la resolución del 6 de junio de 2025, notificada el 9 de junio, en la cual el tribunal ordenó una nueva prórroga del plazo de instrucción. Ante esto, la UNIDEHC presentó otro escrito enfatizando la vulnerabilidad de Melara Yanes como adulto mayor con enfermedades crónicas, instando a la urgencia de realizar un estudio médico para garantizar su derecho a la salud, la vida y la integridad física.
Por otro lado, respecto a Luis Menjívar, la organización indicó que también se solicitaron estudios médicos en 2024. Asimismo, en octubre de ese año, se ofrecieron testigos como prueba anticipada, petición que fue aceptada por la jueza a cargo. A pesar de que se ordenó a la Fiscalía realizar las entrevistas correspondientes, la diligencia no se ha ejecutado tras 20 meses de espera.
Finalmente, la UNIDEHC informó que, debido al exilio forzado y a la persecución política que sufrieron los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, así como otros voceros de la organización, las familias de los detenidos decidieron nombrar nuevos defensores legales, decisión que la entidad respeta. No obstante, la UNIDEHC reafirmó que seguirá vigilando y denunciando el desarrollo del proceso, sumándose al llamado por la libertad de todas las personas consideradas presas políticas en El Salvador y exigiendo un proceso justo y sin prórrogas arbitrarias.
