En una operación coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional, se ha logrado la detención de nueve efectivos policiales pertenecientes a la comisaría de Vitarte. Los agentes son señalados como los presuntos responsables de integrar una red criminal dedicada a la solicitud de coimas a transportistas que transitan por la carretera Central, una de las vías más transitadas y neurálgicas de la zona.
Según las investigaciones, los implicados habrían implementado un sistema de extorsión en el que proponían a los conductores no imponerles papeletas de tránsito a cambio de fuertes sumas de dinero. Esta modalidad permitía a los agentes policiales lucrar ilícitamente aprovechando su posición de autoridad y el control que ejercían sobre el flujo vehicular en dicha arteria vial.
El caso salió a la luz gracias a que un grupo de transportistas, víctimas de estas maniobras, decidieron presentarse de manera espontánea ante las autoridades competentes. Los denunciantes expusieron que venían siendo blanco de una estrategia sistemática por parte de los miembros de la dependencia policial de Vitarte, quienes utilizaban su función pública para obtener beneficios económicos personales.
Ante la gravedad de las denuncias, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Segundo Despacho) de Lima Este tomó cartas en el asunto. Esta instancia ordenó a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional iniciar una investigación exhaustiva para determinar el alcance de las implicancias y desarticular la presunta organización criminal.
Como resultado de estas diligencias, el Poder Judicial aceptó la solicitud de detención preliminar presentada por la fiscalía. Los efectivos han sido procesados bajo el cargo de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, un delito que sanciona al funcionario que acepta o solicita un beneficio a cambio de realizar u omitir un acto propio de su cargo.
Entre los detenidos se encuentra el alférez PNP Diego García, quien es señalado como el presunto líder de esta organización. Asimismo, fueron capturados los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.
Las indagaciones lideradas por el fiscal adjunto provincial Dacio Felles Isidro revelaron detalles alarmantes sobre el modus operandi del grupo. Los policías, integrados en la sección de patrullaje de la comisaría de Vitarte, habrían coordinado interceptaciones estratégicas de conductores en la carretera Central. El objetivo era exigirles el pago de sobornos para evitar las sanciones administrativas. En los casos donde los transportistas no contaban con efectivo en el momento de la intervención, los agentes los obligaban a realizar retiros bancarios inmediatos para concretar el pago de la coima.
Para consolidar la recolección de pruebas, la acción fiscal incluyó una serie de allanamientos simultáneos. Las intervenciones se llevaron a cabo en las viviendas de cada uno de los imputados, las cuales se encuentran distribuidas en diversos sectores: los distritos de Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla, en el Callao. Además, se realizó un operativo de allanamiento en las instalaciones de la propia comisaría de Vitarte.
Esta operación contó con el despliegue de 12 fiscales anticorrupción, quienes trabajaron en conjunto con los agentes de la Dircocor. Durante los registros, se logró incautar una cantidad significativa de evidencia, que incluye equipos tecnológicos como teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias USB y diversos soportes informáticos que podrían contener comunicaciones relacionadas con los delitos.
Además de la tecnología, las autoridades incautaron dinero en efectivo y documentación administrativa crucial de la dependencia policial. Entre los documentos recuperados se encuentran los cuadernos de registro de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito, elementos que serán analizados para contrastar las intervenciones reales con las presuntas irregularidades cometidas por los detenidos.
Finalmente, el Ministerio Público ha reafirmado su compromiso con la persecución estratégica del delito, enfatizando que continuará combatiendo de manera decidida cualquier acto de corrupción funcional dentro de las fuerzas del orden para garantizar la transparencia y la legalidad en la función policial.
