La Universidad Nacional del Callao (UNAC), una de las instituciones públicas con mayor población estudiantil en el Perú, se encuentra en el centro de una serie de graves denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Las revelaciones, sustentadas en fuentes de la Contraloría General de la República y el diario El Comercio, exponen un entramado de cuestionamientos que alcanzan a las más altas autoridades administrativas y académicas de la casa de estudios.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el pago de remuneraciones a personal ya fallecido. La Contraloría identificó que el trabajador José Gonzalo Vigo Ambulodigue, quien murió el 24 de agosto de 2023 según los registros de la Reniec, recibió un depósito de planilla correspondiente al mes de septiembre de ese mismo año. Específicamente, se registró un abono de S/4,397.44 a través del Scotiabank, además de un desembolso de S/442.28 por concepto de aporte a EsSalud. El organismo fiscalizador confirmó la existencia del acta y certificado de defunción, calificando el hecho como un pago indebido.
El foco de las investigaciones apunta directamente a Juan Carlos Collado Félix, jefe de la Unidad de Abastecimiento de la UNAC. Collado es señalado como una pieza clave en la gestión universitaria y una persona de confianza de la rectora, Arcelia Olga Rojas Salazar. Sobre él pesan investigaciones penales preliminares por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y ejercicio ilegal de funciones. A pesar de estas imputaciones, Collado continúa desempeñando roles centrales en las áreas de logística, abastecimiento y pagos.
Otro caso crítico es la paralización de una obra valorizada en más de S/16.3 millones en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, ubicada en Bellavista. Según la Contraloría, el proyecto destinado a la mejora de aulas y ambientes administrativos fue detenido de manera irregular bajo la gestión de Collado Félix, lo que habría perjudicado a miles de estudiantes. El organismo fiscalizador informó que continúa evaluando el proceso que llevó a la nulidad del contrato con la empresa ejecutora.
Las irregularidades financieras se extienden a los pagos de compensaciones económicas a docentes que asumieron la rectoría y los vicerrectorados entre 2021 y 2024. La Contraloría detectó que estos funcionarios recibieron pagos como si fueran autoridades electas, contraviniendo la normativa vigente para cargos temporales. Esta gestión inadecuada de los fondos públicos habría generado un perjuicio económico ascendente a S/108,975.20.
El entramado incluye también presuntos vínculos políticos. Se ha reportado un posible intercambio de favores entre la rectora Arcelia Rojas y el congresista Esdras Medina. La denuncia indica que el hijo del parlamentario obtuvo contratos con la universidad por S/17,500, a pesar de estar impedido por ley debido a su vínculo familiar. Simultáneamente, la hija de la rectora fue contratada en el despacho del legislador. Este caso ha derivado en diligencias preliminares por presunta corrupción y tráfico de influencias.
Asimismo, existen alertas sobre la intención de Juan Carlos Collado de anular el contrato actual del servicio de seguridad de la UNAC. Según las denuncias, esta acción buscaría favorecer a tres empresas que suelen integrar consorcios recurrentemente: Rangers, Optimus y Guardia Civil Company, las cuales formarían parte de un mismo entorno empresarial.
Por su parte, Jorge Manuel Linares Carjahuaringa, jefe de Administración de la UNAC, también enfrenta imputaciones por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como desobediencia y resistencia a la autoridad.
Ante estas acusaciones, la Secretaría General de la UNAC emitió descargos. Respecto a la obra paralizada, afirmaron que el contrato se anuló porque la contratista presentó una carta fianza de la Cooperativa San Lorenzo sin respaldo financiero, según la SBS. Aseguraron que la rectora Rojas no participó en dicho proceso, ya que el rectorado estaba a cargo del Dr. Jorge Luis Camayo Vivanco. Sobre el pago al docente fallecido, indicaron que ya se está solicitando la devolución del dinero y pidiendo información a la Unidad de Tesorería.
En cuanto a las denuncias contra la rectora, la universidad sostuvo que no hay denuncias en trámite ante la Fiscalía Suprema, aunque la revisión de los expedientes fiscales muestra que los casos se encuentran en estado de notificación. Sobre el presunto intercambio de favores con el congresista Medina, argumentaron que las contrataciones no dependen del rector, sino de la Unidad de Abastecimiento y la Dirección General de Administración. Finalmente, negaron cualquier separación temporal de Juan Carlos Collado y rechazaron las acusaciones sobre el servicio de seguridad por considerarlas "supuestos".
