Estados Unidos ha intensificado la presión contra Cuba con la imposición de nuevas sanciones dirigidas al presidente Miguel Díaz-Canel y su entorno más cercano. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la medida afecta a Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta, así como al hijo y nieto del expresidente Raúl Castro.
El listado de la OFAC también incluye a cinco instituciones clave: el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Amistur Cuba y Minera La Victoria. Como resultado, los bienes de estas personas y entidades en Estados Unidos quedarán bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido realizar negocios con ellos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida señalando que busca golpear la "revolución marxista", la cual considera una amenaza a la seguridad nacional. Rubio afirmó que La Habana ha servido como base para la guerra irregular global, entrenando a militantes violentos de izquierda para socavar la seguridad estadounidense.
Miguel Díaz-Canel reaccionó calificando la medida de "ceguera política" y aseguró que estas sanciones buscan reforzar el bloqueo y dañar al pueblo cubano. El mandatario afirmó que Cuba resistirá la "arremetida imperial".
Estas acciones se suman a un endurecimiento de la política estadounidense que ya incluye el cese de operaciones de Visa y Mastercard, la salida de la hotelera Meliá y presiones sobre el suministro de petróleo que han provocado una crisis energética en la isla. Además, el Departamento de Justicia ha acusado formalmente a Raúl Castro por el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Ante este clima de tensión, Díaz-Canel advirtió que una eventual agresión militar generaría un “baño de sangre”.
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