La sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil, celebrada este jueves 4 de junio de 2026, estuvo marcada por un clima de alta tensión política, donde convergieron la denuncia social por la violencia imperante en el país y el complejo proceso administrativo de remoción que enfrenta el alcalde Aquiles Alvarez. Durante la jornada, los concejales abordaron temas críticos que van desde la seguridad ciudadana hasta la legalidad de los procedimientos internos de la municipalidad.
La sesión inició con un fuerte componente humanitario y de solidaridad. La concejal Emily Vera tomó la palabra para expresar su profundo pesar y respaldo a las familias de los ocho jóvenes de Daule que fueron desaparecidos y posteriormente asesinados. En su intervención, Vera hizo un llamado urgente a no acostumbrarse a la tragedia, manifestando que no se puede permitir que la violencia se normalice ni que el horror se convierta en una costumbre para la sociedad. La funcionaria enfatizó que las familias ecuatorianas tienen el derecho fundamental de recibir verdad, justicia y, primordialmente, respuestas claras sobre estos hechos.
A este sentimiento de solidaridad se sumó el concejal Fabián Espín, quien no solo cuestionó el manejo del caso de Daule por parte del Gobierno nacional, sino que utilizó el espacio para denunciar lo que calificó como una estrategia de persecución política dirigida contra diversas autoridades locales. Espín vinculó la situación actual del alcalde de Guayaquil con otros casos recientes, mencionando específicamente la privación de derechos políticos del alcalde de Cuenca y la detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Según Espín, estos eventos forman parte de un patrón de hostigamiento político que ahora busca consumarse contra Aquiles Alvarez.
Asimismo, el concejal Espín se refirió a la obligación del Estado de emitir disculpas públicas, programadas para este mismo jueves, en favor de las familias involucradas en el caso de los Niños de las Malvinas, señalando que han existido presiones contra los allegados a las víctimas.
Sin embargo, el punto de mayor fricción en la sesión ocurrió cuando se abordó el proceso de remoción del alcalde Alvarez. El concejal Arturo Escala, en su calidad de presidente de la Comisión de Mesa, se vio envuelto en un tenso intercambio de palabras con la concejal Ana Chóez. Escala salió en defensa de la gestión de la comisión, asegurando que todo el trámite se ha ejecutado estrictamente bajo los parámetros establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), garantizando el debido proceso tanto para la parte denunciante como para la denunciada.
Escala explicó que el proceso se encuentra actualmente en el término de prueba, una fase donde ambas partes pueden solicitar las pruebas de cargo y descargo que consideren necesarias para la defensa de sus intereses. En este sentido, el presidente de la comisión rechazó tajantemente las solicitudes de información provenientes de terceras personas ajenas al proceso, argumentando que la comisión debe trabajar sin interferencias externas mientras se sustancia el expediente.
Por su parte, la concejal Ana Chóez defendió su derecho y facultad de fiscalización, sosteniendo que los miembros del concejo tienen la potestad de solicitar información sobre asuntos que son de interés público. Chóez criticó la falta de transparencia en el manejo del proceso y reiteró su propuesta de implementar una veeduría ciudadana para observar el trámite, lanzando la contundente frase: “Los procesos públicos no se desarrollan en la oscuridad”.
Esta afirmación provocó reacciones inmediatas en el pleno. La concejal Emily Vera rechazó que se sugiriera una actuación irregular por parte de la Comisión de Mesa, mientras que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, advirtió que expresiones de esa naturaleza podrían generar dudas injustificadas sobre la labor de la administración municipal. Ante las críticas, Chóez aclaró que su preocupación se centraba específicamente en la transparencia del proceso.
Fuera de la sesión, Arturo Escala brindó mayores detalles técnicos sobre el estado del caso. Confirmó que se han cumplido dos días del término de prueba, periodo en el cual las partes pueden presentar peticiones escritas para que la comisión despache las pruebas pertinentes, incluyendo documentos, testimonios y otras diligencias.
El núcleo de la controversia legal radica en la denuncia presentada por Hugo Córdoba Hidalgo, basada en la causal prevista en el artículo 333 del Cootad. Dicho artículo establece la remoción de una autoridad cuando se incurre en una ausencia superior a tres días hábiles sin que exista una delegación formal o una causa justificada. En este caso particular, las pruebas del denunciante buscan demostrar la presunta ausencia injustificada del alcalde Aquiles Alvarez tras la finalización de su licencia el pasado 26 de marzo, mientras que la defensa trabajará en refutar dicha causal.
El término probatorio finalizará el próximo 16 de junio. Una vez concluida esta etapa y evacuadas todas las pruebas, la Comisión de Mesa elaborará un informe final que será remitido al Concejo Cantonal, instancia que tendrá la responsabilidad y la autoridad para tomar la decisión final sobre la remoción o permanencia del alcalde.
