El análisis de la situación de seguridad actual requiere, según Constantino Urcuyo Fournier, de la implementación de conceptos precisos que permitan diseñar una estrategia basada en políticas inteligentes. Para el experto, la falta de claridad conceptual no es un problema meramente académico, sino un riesgo tangible que puede conducir a la aplicación de soluciones erróneas frente a los problemas de orden público.
De acuerdo con el planteamiento de Urcuyo Fournier, es fundamental diferenciar entre dos nociones que a menudo se confunden: la seguridad nacional y la seguridad pública. En primer lugar, la seguridad nacional tiene como objetivo primordial la protección del Estado en su calidad de entidad soberana. Esta se activa frente a enemigos que representen un riesgo real para la existencia del Estado, su integridad territorial o su capacidad de gobierno. Bajo este concepto, las amenazas son externas o de gran escala, tales como las guerras, el terrorismo masivo, los golpes de Estado y las invasiones.
Por otro lado, la seguridad pública se enfoca en la protección del ciudadano común. Su propósito es resguardar a las personas, sus bienes y el orden interno frente a la delincuencia común. Las amenazas que atacan la seguridad pública son de carácter endógeno, incluyendo delitos como el robo, los homicidios, el narcotráfico a escala local y la violencia doméstica. Ante estos escenarios, la respuesta institucional debe provenir estrictamente de los cuerpos policiales, el Ministerio Público y el sistema de justicia penal.
Sin embargo, el autor advierte que la frontera entre estos dos conceptos es susceptible de diluirse. Un factor determinante en esta confusión es la aparición de amenazas como el crimen organizado de carácter transnacional, lo que conlleva el peligro de una expansión conceptual sin límites. Esta dilución produce un efecto contraproducente: cuando se etiqueta cualquier problema como un asunto de seguridad nacional, la noción misma se vacía de contenido y pierde su sentido original.
Esta imprecisión conceptual tiene consecuencias graves en la gestión gubernamental, ya que lleva a la militarización de problemas que deberían ser tratados por la justicia civil. Al adoptar una idea vacía como rectora, el Estado deja de centrarse en las amenazas externas para volcar el aparato militar hacia el interior del país. A este fenómeno, diversos expertos lo denominan "securitización", un proceso mediante el cual un tema de seguridad pública común cambia su naturaleza jurídica y operativa.
La securitización implica que problemas como el narcomenudeo o las protestas sociales comienzan a tratarse bajo una lógica militar. Esto desencadena el desarrollo de un autoritarismo que se manifiesta en la suspensión de derechos fundamentales, la limitación de garantías constitucionales y el decreto de estados de excepción parciales. El riesgo reside en que estas medidas excepcionales tienden a volverse permanentes, erosionando progresivamente el Estado de Derecho.
Urcuyo Fournier sostiene que la aceptación de un concepto de seguridad sin límites, que opera en secreto y sin rendir cuentas, es el camino que conduce hacia la dictadura. Como ejemplos de esta deriva autoritaria, señala las dictaduras de seguridad nacional que afectaron a América Latina en la década de los 70, así como el modelo actual implementado por Bukele.
En conclusión, el abogado y doctor en Sociología Política enfatiza que la promoción de la precisión conceptual constituye una garantía democrática esencial. La seguridad nacional no debe ser la regla que reemplace el orden civil, sino la excepción diseñada para proteger la normalidad democrática.
Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París, catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Asimismo, se desempeña como consultor nacional e internacional y ha sido profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca.
