La economista Alejandra Mizala, quien asumirá la rectoría de la Universidad de Chile para el periodo comprendido entre los años 2026 y 2030, ha comenzado a trazar el rumbo de su gestión y su visión sobre la educación y la seguridad en el país. En su primera intervención pública tras haber sido electa para liderar la institución, la académica fijó posturas claras y categóricas frente a diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno actual, manifestando su desacuerdo con medidas que, a su juicio, podrían comprometer el desarrollo social y académico de la juventud.
En una entrevista concedida a CNN Chile, Mizala abordó uno de los temas más polémicos de la agenda gubernamental: el denominado Registro de Vándalos. Esta iniciativa contempla la implementación de sanciones severas para quienes participen en actos de violencia, incluyendo la posibilidad de retirar el beneficio de la gratuidad en la educación superior. Al ser consultada directamente sobre la viabilidad y pertinencia de retirar este beneficio a los jóvenes incluidos en dicho listado, la futura rectora fue tajante al declarar: “No estoy de acuerdo”.
La economista fundamentó su postura argumentando que el acceso a la educación superior no debe ser utilizado como una herramienta de castigo que cierre puertas, sino como un puente hacia la superación. Para Mizala, impedir que un joven acceda a estudios superiores debido a su historial de violencia termina por anular las oportunidades de reinserción social y desarrollo personal. En este sentido, subrayó que el gran activo que el Estado y la sociedad pueden ofrecer a las nuevas generaciones es la educación, pues es el camino que permite a un joven formarse de manera más integral y alejarse de conductas disruptivas.
Otro de los ejes centrales de su intervención fue la situación del financiamiento público destinado a la investigación y las artes. Mizala lanzó una alerta sobre los recortes presupuestarios que afectan las áreas de ciencia y cultura. De manera específica, señaló que la reducción en la entrega de becas de doctorado representa un peligro crítico para la formación de las próximas generaciones de investigadores. Según la académica, los doctores son el pilar fundamental de la ciencia, ya que constituyen a los futuros científicos e investigadores que el país necesita para progresar.
Acompañando esta preocupación por la ciencia, la futura rectora defendió la inversión en cultura como un elemento esencial y no accesorio para el desarrollo nacional. Para Mizala, el fomento de la cultura es una herramienta indispensable para promover el pensamiento crítico en la ciudadanía, capacidad que considera vital para el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento intelectual de la sociedad.
En cuanto a la seguridad en los entornos educativos, la economista expresó sus reparos frente al plan denominado Escuelas Protegidas. Mizala cuestionó la efectividad y el impacto psicológico de implementar medidas restrictivas, tales como el control de mochilas o la instalación de detectores de metales dentro de los establecimientos educacionales. Planteó que, lejos de brindar tranquilidad, estas acciones pueden generar una sensación de inseguridad mayor entre los estudiantes y el personal docente, afectando el clima de confianza necesario para el aprendizaje.
Finalmente, Alejandra Mizala se refirió a la dinámica de las movilizaciones estudiantiles, específicamente sobre la práctica de las tomas de establecimientos como mecanismo de presión para canalizar demandas. La académica manifestó que no considera que esta sea una vía adecuada, argumentando que tales acciones terminan perjudicando principalmente a los alumnos más vulnerables, quienes dependen estrictamente de la continuidad del calendario escolar para su progreso. Asimismo, señaló que estas interrupciones afectan negativamente el funcionamiento académico general.
La llegada de Alejandra Mizala a la rectoría se produce tras un proceso electoral universitario donde se impuso con el 60,93% de los votos, asegurando así su sucesión en el cargo que actualmente ocupa Rosa Devés. Con estas declaraciones, la futura autoridad universitaria deja establecida una línea de pensamiento basada en la educación como motor de reinserción, la protección de la inversión científica y una visión crítica sobre las medidas de seguridad y protesta en el sistema educativo.
