La Dirección de Minería de la provincia de Mendoza ha oficializado la aprobación de un nuevo Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, diseñado específicamente para aquellas comunidades indígenas que puedan verse afectadas por la implementación de proyectos mineros en el territorio provincial. Esta medida fue formalizada este lunes a través de la Resolución 500, la cual ya ha sido publicada en el Boletín Oficial.
La implementación de esta nueva norma es el resultado de un exhaustivo proceso de revisión que se extendió durante más de un año. Este camino de reevaluación se inició a raíz de una impugnación presentada por la Organización Identidad Territorial Malalweche, entidad que cuestionó la validez del protocolo aprobado previamente en el año 2025. Según los planteos de dicha organización mapuche, el documento anterior no había contado con una instancia de participación suficiente y representativa de las comunidades indígenas durante su etapa de elaboración.
El conflicto administrativo tomó forma cuando la Organización Identidad Territorial Malalweche interpuso un recurso jerárquico contra la Resolución 130/2025, que era la norma que habilitaba el protocolo original. Ante este escenario, el Ministerio de Energía y Ambiente decidió intervenir, resolviendo la apertura de una instancia de conciliación y diálogo destinada a revisar integralmente el procedimiento de consulta.
A partir de esa decisión, se puso en marcha un proceso participativo y multidisciplinario. Este esquema incluyó la realización de mesas de diálogo intercultural, convocatorias directas a diversas comunidades indígenas y consultas técnicas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Asimismo, se contó con la participación activa del Consejo de Participación Indígena (CPI) y se habilitaron canales para la recepción de observaciones provenientes de diversas organizaciones dedicadas a los derechos humanos y a la representación de los pueblos originarios.
Durante el desarrollo de este período de revisión, la Dirección de Minería dictó una serie de resoluciones complementarias con el fin de optimizar la participación. Estas medidas incluyeron la ampliación de plazos procesales, la convocatoria a nuevas reuniones y una flexibilización del cronograma de actividades. Un aspecto relevante de esta flexibilidad fue la consideración de las actividades tradicionales de veranada y trashumancia, asegurando que los ciclos de vida y trabajo de los pueblos originarios no fueran un impedimento para su involucramiento en el proceso.
En cuanto al marco legal, la norma aprueba el protocolo que regirá los procedimientos de consulta previa en proyectos mineros en Mendoza, asegurando el cumplimiento del artículo 54 de la Ley Provincial 9.529 y las directrices del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde la Dirección de Minería se subrayó que el protocolo posee un carácter procedimental, cuyo objetivo principal es establecer reglas claras que garanticen el derecho de consulta de las comunidades cuando un emprendimiento minero pueda impactar directamente en sus intereses.
En los fundamentos de la resolución, el organismo gubernamental afirmó que el procedimiento seguido respetó los estándares internacionales y nacionales, citando específicamente el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la normativa provincial vigente, calificando el proceso como "amplio, transparente e intercultural". No obstante, la resolución también aclara un punto fundamental: si bien la consulta previa es una garantía de participación, esta no implica la existencia de un derecho de veto ni exige alcanzar un consentimiento unánime antes de que el Estado adopte una decisión administrativa.
Para respaldar la transparencia del proceso, la resolución enumera una serie de actuaciones concretas, tales como la realización de reuniones en Malargüe, la publicación de toda la documentación pertinente en el sitio web oficial de la Dirección de Minería, la creación de registros audiovisuales y la elaboración de actas notariales. Además, se destaca que el proceso contó con veedores de organizaciones como ENDEPA, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), REDMIRA y otras organizaciones civiles que presentaron observaciones técnicas al texto.
De acuerdo con el documento oficial, las observaciones recibidas fueron integradas y dieron lugar a modificaciones sustanciales sobre la versión aprobada en 2025. Una vez aprobado el protocolo, la Dirección de Minería ha convocado a una nueva Mesa Intercultural para el próximo 6 de septiembre de 2026, a las 14 horas, en el Centro Cultural Municipal de Uspallata.
Este encuentro, que se llevará a cabo de manera presencial y virtual, tiene como finalidad presentar oralmente el contenido del protocolo ya aprobado. Para facilitar la asistencia, la resolución prevé la coordinación de transporte gratuito para los interesados y mantiene abierta la posibilidad de que las comunidades sugieran cambios en la fecha, el horario o el lugar del encuentro. Con esta resolución, el Gobierno de Mendoza busca dejar operativo el procedimiento legal para futuras consultas vinculadas a la actividad minera en la provincia.
