La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes fue el escenario este martes de una serie de comparecencias que pusieron de relieve graves deficiencias en el sistema de seguridad para adolescentes y en los mecanismos de protección a la infancia en el país. Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) debieron responder por la preocupante frecuencia de fugas y motines registrados durante el transcurso del año 2026.
Uno de los puntos más críticos de la sesión fue la discusión sobre la fuga ocurrida a fines de mayo, que involucra a un adolescente de 17 años. El joven se encontraba cumpliendo una medida privativa de libertad luego de ser declarado coautor del homicidio de un efectivo policial, ocurrido en noviembre del año pasado en la rambla del Cerro. Según la información proporcionada, el interno, quien aún no ha sido recapturado, mantiene vínculos con grupos criminales de la zona y se presume que ha participado en diversos delitos.
Ante la gravedad de estos hechos, el directorio del Inisa informó que se han iniciado sumarios administrativos contra cinco funcionarios. Según se ha revelado, existen sospechas fundadas sobre la existencia de vínculos inapropiados entre algunos trabajadores del organismo y los jóvenes internos, varios de los cuales poseen cercanía con bandas del crimen organizado.
El diputado colorado Conrado Rodríguez, quien impulsó la convocatoria a las autoridades, calificó la última fuga como un hecho de "bastante gravedad". Durante la sesión, el legislador consultó específicamente sobre las medidas adoptadas para mitigar esta problemática. La respuesta de las autoridades se centró en los sumarios en curso, las investigaciones internas y la coordinación estrecha con la Policía y el Ministerio del Interior, especialmente para reforzar las guardias exteriores de los centros.
Asimismo, se debatió sobre las medidas socioeducativas y la gestión de internos que forman parte de bandas organizadas. Ante la consulta sobre si existía una clasificación para evitar que estos menores compartieran espacios, las autoridades apelaron a la profesionalidad de los funcionarios encargados de establecer la ubicación de cada interno. Por su parte, Jaime Saavedra, presidente del Inisa, destacó el apoyo al accionar del directorio, integrado también por Daniel Radío y Ángel Fachinetti. Saavedra admitió que el perfil de los jóvenes con los que trabajan es "cada vez más desafiante", lo que obliga a realizar ajustes constantes en los protocolos y a buscar asesoramientos técnicos.
En la misma jornada, la comisión recibió a autoridades de la Fiscalía de Corte y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para tratar el caso de Jonathan Correa, un joven de 15 años asesinado por su padre a principios de marzo. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, compareció durante casi dos horas, aunque se retiró sin brindar declaraciones detalladas, limitándose a agradecer el espacio para exponer la postura de la Fiscalía.
En contraste, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, detalló en rueda de prensa las intervenciones realizadas por las autoridades de UTU antes de la tragedia. Caggiani explicó que se llevaron a cabo múltiples acciones, incluyendo intervenciones con la familia, convocatorias ante inasistencias y la habilitación de recursos específicos para las particularidades del adolescente. Incluso se confirmó que se realizó la denuncia policial cuando no hubo respuesta por parte del núcleo familiar.
El presidente de la ANEP subrayó que la educación pública es un actor fundamental para detectar situaciones de violencia, abuso y maltrato, señalando que la mayoría de las denuncias recibidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) provienen de escuelas, liceos y UTU. No obstante, Caggiani reconoció una falla temporal crítica, afirmando que, ante situaciones como la de Correa, el sistema no llega a tiempo, lo que obliga a revisar los procesos de intervención.
El análisis del caso tomó un giro alarmante con las declaraciones del diputado Felipe Schipani, quien reveló que, según la fiscal de Corte, la denuncia fue procesada bajo una "carátula equivocada". En lugar de ser tratada como un caso de violencia, fue caratulada como una búsqueda de paradero, lo que provocó que el fiscal interviniente no priorizara el asunto al no percibirlo como un tema de entidad.
Finalmente, la diputada frenteamplista Margarita Libschitz concluyó que existe un consenso sobre los fallos del Estado. Según la legisladora, el problema radica en la incapacidad de las instituciones para cruzar datos y en la deficiente comunicación entre las comisarías de zona y la Fiscalía. Este diagnóstico fue respaldado por Schipani, quien señaló que el denominador común de todas las comparecencias es la urgente necesidad de un sistema de información transversal.
