El panorama económico de Estados Unidos atraviesa un momento de tensión donde las promesas de campaña chocan frontalmente con los indicadores reales. Durante su proceso electoral, el presidente Donald Trump se comprometió a erradicar la inflación desde el primer día de su mandato, sugiriendo incluso una reducción de los niveles de precios que implicaría llevar la inflación a terreno negativo. Sin embargo, el análisis de los datos recientes sugiere que sus acciones han tenido el efecto contrario, impulsando el crecimiento de los precios en lugar de frenarlos.
La gestión de la inflación es uno de los desafíos más complejos para cualquier líder político, ya que los votantes tienden a culpar a sus mandatarios por el encarecimiento de la vida, independientemente de si el fenómeno es global o si sus ingresos personales están creciendo. Aunque existen medidas para frenar los precios, como el nombramiento de perfiles estrictos en bancos centrales independientes, estas soluciones suelen ser lentas y pueden afectar negativamente la producción y el empleo.
Al comparar gestiones, se observa que el presidente Joe Biden enfrentó un pico inflacionario del 9,1% en junio de 2022, producto de la recuperación pospandemia y restricciones globales de oferta. No obstante, entre 2021 y 2025, los salarios crecieron en promedio un 5% anual, superando la tasa media del índice de precios al consumidor (IPC), que se situó en el 4,9%. En contraste, bajo la administración de Trump, se ha registrado una caída en los salarios reales. Entre abril de 2025 y abril de 2026, mientras los precios subieron un 3,9%, los ingresos medios por hora solo aumentaron un 3,7%, resultando en una pérdida del 0,2% en el poder adquisitivo real.
La tendencia inflacionaria no muestra signos de desaceleración inmediata. El IPC escaló al 3,8% el mes pasado, partiendo de un 3,3% en marzo. De mantenerse este ritmo durante un año, la inflación anual podría alcanzar el 9%, aunque se reconoce que esta cifra es una extrapolación hipotética sujeta a la volatilidad de los precios del petróleo. Esta situación ha generado una crisis de asequibilidad que el Partido Demócrata busca capitalizar en las próximas elecciones de mitad de mandato mediante un programa basado en la revocación de aranceles, la reducción de costos energéticos, la defensa de la Reserva Federal y una reforma en la política migratoria.
Uno de los factores determinantes ha sido la política arancelaria. A pesar de las advertencias económicas, los aranceles implementados por Trump han encarecido las importaciones, con un costo asumido en un 90% por los importadores y los hogares estadounidenses, mientras que los exportadores extranjeros solo absorbieron el 4%. Para septiembre de 2025, estas medidas añadieron aproximadamente 0,7 puntos porcentuales al IPC. Actualmente, algunos de estos aranceles, incluido el arancel mundial del 10%, han sido declarados inconstitucionales por tribunales federales.
En el sector energético, el conflicto con Irán ha provocado una crisis de precios similar a la de 1979, elevando los costos energéticos casi un 18% en el último año. A esto se suma la oposición del presidente a las energías solar y eólica de bajo costo, lo que dificulta la reducción de los precios de la energía a corto plazo.
Simultáneamente, la independencia de la Reserva Federal ha estado bajo ataque. Aunque figuras como la gobernadora Lisa Cook y el expresidente Jerome Powell han resistido las presiones de la administración, existe incertidumbre sobre el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Economistas como Paul Krugman han cuestionado la integridad de Warsh, calificándolo de "mercenario partidista" debido a sus críticas selectivas hacia la política monetaria dependiendo de qué partido controlaba la Casa Blanca.
Finalmente, el gasto fiscal y la política migratoria han agravado la situación. La guerra con Irán conlleva un costo estimado de 2.000 millones de dólares diarios, sumándose a una política de recortes fiscales y alto gasto público que resulta inflacionaria. Asimismo, las deportaciones masivas han provocado escasez de mano de obra en sectores clave; en la construcción, donde los inmigrantes representan casi un tercio de la fuerza laboral, esto ha presionado al alza los precios de la vivienda, afectando también los costos de productos agrícolas y la atención sanitaria.
