El Gobierno de José Antonio Kast ha presentado su primera cuenta pública, poniendo el foco en una serie de medidas de seguridad que ya han provocado diversas reacciones en el espectro político.
El plan incluye la implementación de un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos, mediante el cual se aplicará un copamiento policial y operativos focalizados. Asimismo, se ha impulsado la urgencia de un proyecto para ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, reforzando así las facultades autónomas de las fuerzas policiales.
Otra medida relevante es el Proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades. Esta iniciativa propone que quienes sean condenados por delitos como el tráfico o daños a monumentos pierdan beneficios sociales, tales como la gratuidad, la PGU y el subsidio de arriendo. A esto se suma el denominado Plan Retorno, diseñado para incentivar la salida de inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
Desde el Partido por la Democracia, su timonel Raúl Soto manifestó que, si bien las propuestas resultan interesantes, los resultados en los últimos tres meses han sido escasos. Soto aseguró que el PPD está dispuesto a respaldar aquellos temas que entreguen más seguridad a los chilenos, pero que esperarán la presentación detallada del ministro Martín Arrau en la Cámara para decidir su apoyo.
En una línea más crítica, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, señaló que faltan anuncios concretos sobre cuestiones profundas. Para Venegas, el Gobierno se ha centrado en vándalos y rayados, dejando de lado el problema principal de la delincuencia en el país: el crimen organizado y la ruta del dinero.
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