¿Está en riesgo la seguridad del próximo gobierno en Colombia? La Procuraduría General de la Nación ha llevado a cabo una visita de carácter preventivo a la Unidad Nacional de Protección, la UNP, luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, encendiera múltiples alarmas sobre la gestión de la entidad.
La intervención del Ministerio Público tiene como objetivo principal recaudar información sobre dos ejes centrales. Primero, la posible afectación de los recursos públicos y, segundo, los riesgos que podrían comprometer la seguridad de quienes integrarán el nuevo gabinete ministerial, especialmente ahora que el cambio de gobierno se encuentra a pocos días.
El foco de la preocupación se centra específicamente en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026. Se trata de una contratación cuyo presupuesto supera los 78 mil millones de pesos y que define la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a sus futuros ministros.
En la diligencia participaron figuras clave de la UNP, como el director Augusto Rodríguez, el secretario general Juan Camilo Chavarro, el subdirector de Protección Miguel Ángel Quiroga y la jefe de la Oficina Jurídica, Grace Fregozo.
De acuerdo con los reportes preliminares, el Ministerio Público no halló irregularidades en la contratación de las zonas 1 y 2, encargadas de la protección de los servidores públicos. No obstante, este resultado es apenas un primer acercamiento y el tema seguirá bajo una indagación rigurosa. La actuación administrativa continúa en manos del procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, quien supervisará que los procesos de seguridad se ejecuten correctamente para evitar cualquier vulnerabilidad en la transición.
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