Bruselas pone el foco sobre España. La Comisión Europea ha publicado su informe sobre el Estado de derecho y el mensaje es contundente: los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que minen la independencia del poder judicial.
El organismo europeo advierte que es necesario el respeto mutuo entre instituciones para proteger la confianza de la ciudadanía. Curiosamente, el informe destaca que la percepción social de la justicia es positiva: el 40% de los ciudadanos considera que la independencia de los jueces es «bastante buena» o «muy buena».
En materia de lucha contra la corrupción, Bruselas insta a España a reducir los retrasos en las investigaciones de alto nivel y a reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de quienes ocupan altos cargos.
Otro punto crítico es el Consejo General del Poder Judicial. La Comisión recomienda, una vez más, reformar su sistema de elección para que doce de sus vocales sean elegidos por los propios jueces, un proceso que sigue pendiente de consenso político.
El informe también señala la necesidad de blindar la autonomía del Fiscal General, separando la duración de su mandato de la del Gobierno, y urge la aprobación de una ley de transparencia que incluya un registro público obligatorio para los grupos de interés o lobbies. Asimismo, recomienda completar la Ley de Secretos Oficiales para mejorar el acceso a la información.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha valorado el informe como muy positivo. Desde el Gobierno destacan la agenda reformista, la creación de 500 plazas judiciales y 200 fiscales, además de la mejora en las remuneraciones y condiciones laborales de estos profesionales.
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