Colombia se encamina este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en un contexto de seguridad significativamente más complejo que el registrado hace cuatro años. El panorama actual se caracteriza por una mayor proliferación de grupos armados en los territorios, un incremento en los hechos violentos vinculados al conflicto y un aumento en el número de municipios catalogados en riesgo electoral extremo.
De acuerdo con los mapas de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE), el país llega a las elecciones presidenciales de 2026 con 386 municipios bajo algún nivel de riesgo electoral, lo que representa un incremento de 11 municipios en comparación con el proceso de 2022. Sin embargo, el dato más alarmante reside en la intensidad del fenómeno: los municipios clasificados en riesgo extremo aumentaron de 95 a 139. En paralelo, los hechos violentos registrados durante el calendario electoral escalaron de aproximadamente 1.300 a más de 3.100 casos.
Este escenario es el resultado de una transformación del conflicto armado que la MOE y la Defensoría del Pueblo consideran fundamental para comprender el riesgo actual. En diversas regiones, ya no existe un actor armado dominante, sino que coinciden múltiples estructuras ilegales que se disputan economías ilícitas y corredores estratégicos. Departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare son ejemplos donde convergen grupos como el ELN, el Estado Mayor Central y estructuras de la Segunda Marquetalia.
Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, señala que el aumento de las alertas no se debe solo a la cantidad de grupos, sino a la intensificación de las confrontaciones. Mientras que hace cuatro años la mayoría de los incidentes eran choques entre grupos armados y la Fuerza Pública, hoy predominan los enfrentamientos entre organizaciones ilegales rivales, lo que eleva los niveles de conflictividad y riesgo en los territorios.
A esta situación se suma la evolución de las capacidades militares de estas estructuras, que ahora utilizan de manera más recurrente tecnologías como drones y explosivos. Estas capacidades han intensificado los ataques contra la población civil, manifestándose en desplazamientos forzados, confinamientos y el reclutamiento de menores de edad.
Más allá de la violencia directa, la MOE ha identificado un incremento en las prácticas de control social. En departamentos como Tolima, Meta, Guaviare y Cauca, se han alertado procesos de empadronamiento y carnetización de comunidades a través de Juntas de Acción Comunal. Rubiano advierte que, aunque no se puede confirmar una finalidad electoral directa, estas acciones de control social podrían traducirse en presiones sobre los ciudadanos.
Esta preocupación es respaldada por la Defensoría del Pueblo, que ha advertido sobre la consolidación de formas de gobernanza ilegal. Según la entidad, los grupos armados ejercen control sobre liderazgos sociales, comunidades y dinámicas políticas locales, imponiendo restricciones a las campañas, vetos a candidaturas y limitaciones al proselitismo. La Defensoría advierte que el riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la instauración de una democracia meramente formal que ignore el silencio obligado de las comunidades.
El impacto de este entorno se refleja en la participación ciudadana. La MOE documentó que los municipios en riesgo extremo presentan niveles de participación electoral significativamente menores, situándose, en promedio, 10 puntos porcentuales por debajo de aquellos municipios que no tienen alertas de seguridad.
A pesar de este panorama, la MOE aclara que las organizaciones ilegales difícilmente podrían alterar el resultado de una elección presidencial debido al peso reducido que tienen estas regiones en el censo electoral nacional. No obstante, el impacto en las libertades políticas es tangible. Ejemplos recientes, como los ataques del ELN en La Guajira o los enfrentamientos en Guaviare entre la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) —que dejaron al menos 50 muertos—, provocan que la población priorice su resguardo sobre el ejercicio del voto. Además, los desplazados pierden la posibilidad de votar al quedar fuera de sus territorios de inscripción rural.
En medio de este contexto, el Gobierno avanza en la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) como parte de la política de "paz total". Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, sostiene que estas zonas buscan reducir la violencia y crear condiciones para acuerdos irreversibles. Uno de los procesos más avanzados es el adelantado con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), liderada por Walter Mendoza.
Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental en dicha mesa, reconoce la existencia de coacción al elector, pero argumenta que la lógica de estos grupos está más orientada al control regional (alcaldías, concejos y gobernaciones) que a la disputa por la presidencia nacional.
Las ZUT se han planteado en corredores de alto riesgo electoral como Tibú (Norte de Santander), Tierralta (Córdoba), Mallama y Roberto Payán (Nariño), y Valle del Guamuez (Putumayo). La MOE advierte que la concentración de combatientes en estas zonas durante la contienda electoral puede generar incertidumbre y "autocensura" política en las comunidades, incluso si no hay una intervención directa en los resultados.
