Chile se encuentra actualmente ante una paradoja estructural que condiciona sus aspiraciones de desarrollo. Mientras el país busca reactivar el crecimiento económico, mejorar los índices de productividad y generar empleos de calidad, convive con una crisis de cuidados que actúa como un freno invisible para alcanzar dichos objetivos. El envejecimiento acelerado de la población y el aumento progresivo de la dependencia están restringiendo la participación laboral, afectando principalmente a las mujeres, y tensionando la capacidad de crecimiento futuro de la nación.
Lejos de ser una actividad marginal o un asunto estrictamente privado que deba resolverse dentro de los hogares, el cuidado es una función esencial para el funcionamiento de la economía y la reproducción cotidiana de la vida social. Existe una conexión profunda entre el crecimiento económico y la crisis de los cuidados; sin embargo, esta relación aún no ha sido plenamente internalizada. El camino para resolver esta tensión radica en la implementación de una política deliberada de desarrollo de la economía de los cuidados.
Las cifras actuales subrayan la urgencia de este abordaje. En Chile, cerca de 1,5 millones de personas se encuentran en situación de dependencia, y una proporción significativa de la población femenina asume estas labores de cuidado. A este escenario se suma una tendencia demográfica irreversible: se estima que para el año 2050, casi un tercio de la población chilena será mayor. Este panorama, aunque representa un desafío social considerable, se presenta también como una oportunidad económica de gran escala.
De acuerdo con estimaciones recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, la expansión gradual y sostenida de un sistema de cuidados podría generar aproximadamente 200 mil empleos. Este potencial se materializaría especialmente si se fomenta el desarrollo de un mercado de cuidados que cuente con la participación activa del sector privado en la provisión de servicios.
Esta propuesta es comparable a la implementación de políticas industriales completas, pero posee una ventaja competitiva clave: el empleo en el sector de cuidados es intensivo en trabajo, tiene una distribución territorial amplia y es difícilmente automatizable. Esto implica que tiene la capacidad de generar empleo en las zonas donde más se necesita, provocando un impacto económico y social directo y positivo.
El beneficio de invertir en este sector no se limita únicamente a la creación de puestos de trabajo directos. La evidencia indica que el desarrollo de la economía del cuidado aumenta la participación laboral de las mujeres, libera tiempo productivo y mejora la productividad agregada de la economía nacional. En términos sencillos, invertir en cuidados no solo crea nuevos empleos, sino que habilita la existencia de otros empleos al liberar la fuerza laboral atrapada en tareas no remuneradas.
A pesar de este potencial, el mercado de cuidados en Chile está lejos de alcanzar su capacidad óptima. Actualmente, el país carece de un sistema lo suficientemente desarrollado para responder a la magnitud de la demanda. La oferta existente se caracteriza por estar fragmentada, presentar altos niveles de informalidad y una baja profesionalización. A esto se añaden persistentes brechas de financiamiento y regulación que dificultan la ampliación de la cobertura y la garantía de estándares de calidad adecuados.
La expansión de una oferta de servicios de cuidados más robusta y diversificada no debe interpretarse como una retirada del Estado, sino como la creación de un nuevo pacto de responsabilidad compartida. Para que este ecosistema sea sostenible y viable, debe sustentarse en tres pilares fundamentales que hoy se encuentran en etapas incipientes: una regulación robusta que condicione la participación privada a estándares de calidad, un esquema de financiamiento que asegure que el acceso no dependa exclusivamente de la capacidad de pago, y una cultura de corresponsabilidad que involucre activamente a los hombres en la ética del cuidado.
Para avanzar en esta dirección, es imperativo entender el mercado de cuidados como una actividad económica con alto potencial de productividad social, construyendo un entorno regulatorio e incentivos que faciliten su formalización. Asimismo, es urgente profesionalizar la fuerza laboral que hoy opera en condiciones precarias, transformando un trabajo históricamente invisible en empleo decente, con protección social, capacitación y reconocimiento económico.
Finalmente, la efectividad de este sistema depende de su articulación con otros servicios, especialmente el de salud. La falta de integración puede multiplicar los costos y deteriorar los resultados; por ejemplo, una persona mayor con apoyo domiciliario que no accede a atención médica oportuna puede terminar hospitalizada, elevando el gasto público y reduciendo su calidad de vida.
En conclusión, el cuidado debe ser visto no solo como una política social, sino como infraestructura económica. Así como las carreteras permiten el movimiento de bienes, los cuidados permiten que las personas se muevan hacia el empleo y sostengan sus trayectorias laborales. El marco institucional ha comenzado a construirse, pero transformar el cuidado en un motor de desarrollo exige decisión en regulación, financiamiento y articulación público-privada para sostener a una sociedad que envejece y reducir las brechas de bienestar.
