La jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha dictaminado el envío a juicio de fondo del exministro Donald Guerrero y del abogado Ángel Lockward, quienes se encuentran implicados en el proceso judicial conocido como el "Caso Calamar". Los imputados están acusados de haber formado parte de un sofisticado esquema de expropiaciones fraudulentas que habría resultado en la sustracción de más de 19 mil millones de pesos dominicanos del erario público.
Según los detalles de la acusación presentada por el Ministerio Público, los implicados habrían integrado una red dedicada a desviar fondos estatales mediante la ejecución de pagos irregulares por la expropiación de terrenos que fueron declarados de utilidad pública. Además de este perjuicio económico, la fiscalía sostiene que parte de estos recursos fueron destinados a la entrega de sobornos, los cuales habrían sido utilizados presuntamente para financiar la campaña electoral del año 2020.
Junto al exministro Guerrero y el abogado Lockward, la magistrada Ramírez determinó que también deben ser enviados a juicio los ciudadanos Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Manuel Milcíades Morilla Soto, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón y Marino Cabrera Ramón.
En una decisión extendida, la jueza también ordenó el envío a juicio de fondo de otro grupo de imputados vinculados al caso, entre los que se encuentran Daniel De Jesús Caamaño Santana, Ramon David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Claudio Silver Peña, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Edwin Oscar Brito Martínez y Manuel Milcíades Morilla Gil. Para este grupo, la juzgadora consideró que existen elementos de prueba suficientes que los vinculan con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
El proceso no solo alcanza a personas físicas, sino también a diversas entidades jurídicas que presuntamente sirvieron como herramientas para ejecutar las irregularidades. En consecuencia, fueron enviadas a juicio las empresas Miqui Trade, S.R.L., Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L., y E Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Por otro lado, la jueza Altagracia Ramírez favoreció con un auto de "No ha lugar" a varios de los implicados, al determinar que no se encontraron evidencias suficientes que los relacionaran con los hechos presentados por la fiscalía. Entre los beneficiados se encuentran Daniel Guerrero, hijo del exministro Donald Guerrero, los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como Marcial Reyes, Rosa Arias Luis y William Humberto Mota. Asimismo, la magistrada rechazó la querella en constitución en acto civil que había sido interpuesta por el Estado dominicano.
El proceso preliminar, que inició en julio de 2024, se caracterizó por un volumen considerable de documentación y pruebas. El Ministerio Público presentó un total de 1,770 pruebas para sustentar la acusación contra 46 imputados, distribuidos en 34 personas físicas y diversas empresas. Se estima que la estructura de corrupción analizada en este caso habría afectado a más de 500 víctimas. Durante el desarrollo de las audiencias, se registró además el depósito de más de 50 certificados médicos.
En esta etapa procesal, el Ministerio Público presentó la acusación íntegra y los elementos de prueba correspondientes, mientras que las defensas técnicas presentaron sus incidentes y escritos de defensa. Tras ponderar estos argumentos, la jueza tomó la decisión de separar a quienes irán a juicio de fondo de aquellos favorecidos con el auto de no ha lugar.
El caso ahora entra en su fase de juicio de fondo, etapa procesal definitiva en la que se analizarán las pruebas acogidas durante la fase preliminar para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, lo que culminará en la sentencia correspondiente para cada uno de los implicados.
