Marisela Ramírez, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), ha puesto en duda la validez de las recientes encuestas que muestran niveles elevados de aprobación hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele. Durante una intervención en el programa “Encuentro con Julio Villagrán”, la activista aseguró que estos resultados son el reflejo de una capacidad del Ejecutivo para “vender ilusiones”, señalando que existe una brecha profunda entre la percepción de prosperidad promovida oficialmente y las condiciones materiales reales que atraviesa la población salvadoreña.
Ramírez sostuvo que la narrativa de modernización impulsada por la administración actual no se traduce necesariamente en una mejora de la calidad de vida para miles de familias. Según la dirigente, el Gobierno ha logrado generar una sensación de avance a través de transformaciones urbanísticas y obras de infraestructura, especialmente visibles en el centro de San Salvador. Sin embargo, advirtió que estas obras no implican un bienestar económico tangible para la mayoría de los ciudadanos.
Como ejemplo crítico de esta situación, la representante del BRP mencionó la remodelación del Centro Histórico de la capital. Ramírez denunció que, mientras se instalan miles de luces LED y se embellece la zona, se han llevado a cabo desalojos de vendedores informales sin que existan procesos adecuados de reubicación. Debido a esto, calificó al centro histórico como “el centro comercial de los Bukele”, sugiriendo que la obra responde más a una estética visual que a un beneficio social inclusivo.
En cuanto a los indicadores económicos, la dirigente social afirmó que, a pesar de la imagen positiva proyectada en las mediciones de opinión pública, la realidad social es deteriorada. Ramírez citó datos según los cuales 138 mil personas habrían caído en condiciones de pobreza extrema bajo la actual administración. “La gente puede ver luces y edificios, pero eso no significa que tenga para comer”, sentenció, subrayando la desconexión entre la infraestructura urbana y la seguridad alimentaria de la población.
Respecto a la percepción pública, Ramírez explicó que gran parte de la ciudadanía considera que el país “va por buen rumbo” debido, principalmente, a la reducción de la violencia y a los cambios estéticos en los espacios públicos. Esta percepción ha generado la esperanza de que el éxito en materia de seguridad se replique en el ámbito económico. Para la dirigente, esto es parte de una “venta de ilusión” sustentada en una agresiva estrategia comunicacional y un control del discurso público que difunde constantemente mensajes de desarrollo y prosperidad.
En el plano político, Marisela Ramírez analizó el escenario de cara a futuros procesos electorales, manifestando que actualmente no existe una figura de oposición con la capacidad de competir electoralmente contra Bukele. Señaló que no hay una estructura partidaria que se presente como una alternativa sólida, mientras que el partido oficialista, Nuevas Ideas, mantiene una ventaja amplia según las encuestas. En contraste, mencionó que los partidos tradicionales, como ARENA y el FMLN, conservan niveles mínimos de respaldo popular.
No obstante, la activista aclaró que el BRP no apuesta únicamente por la vía electoral para lograr un cambio político. Aseguró que su organización continúa enfocada en el trabajo territorial diario, la movilización y la construcción de conciencia ciudadana, herramientas que consideran esenciales para enfrentar lo que describen como retrocesos democráticos en el país.
Finalmente, Ramírez expresó su preocupación por la concentración de poder en manos del oficialismo y las recientes reformas constitucionales impulsadas desde la Asamblea Legislativa, las cuales, a su juicio, han reducido los espacios para la oposición política. Asimismo, mencionó el impacto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, señalando que el temor a capturas y persecución política ha debilitado la movilización de sectores organizados. Pese a ello, defendió la permanencia del BRP en la articulación de esfuerzos sociales y exhortó a la población a contrastar críticamente la narrativa gubernamental con los datos económicos y sociales reales, ante lo que denominó un “bombardeo mediático” a favor del Gobierno.
