El Gobierno de Guatemala ha emitido un comunicado oficial en el que aclara la naturaleza de su cooperación con los Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. A través de este pronunciamiento, las autoridades guatemaltecas confirmaron que han solicitado asistencia al gobierno estadounidense para combatir a grupos delictivos, pero rechazaron categóricamente que dicho acuerdo implique el despliegue de fuerzas militares extranjeras dentro de su territorio nacional.
Esta respuesta oficial surge luego de que el diario The New York Times publicara un informe indicando que ambos gobiernos habrían acordado la realización de operaciones conjuntas contra narcotraficantes específicamente en suelo guatemalteco. Ante esta información, la administración del presidente Bernardo Arévalo precisó que, si bien existió una comunicación directa entre el ministro de Defensa de Guatemala, Henry Saenz, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, el objetivo fue solicitar la cooperación de Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico, asegurando que tales tareas están y seguirán estando lideradas por las fuerzas guatemaltecas.
En el comunicado, el Gobierno fue enfático al señalar que no existe ningún acuerdo que autorice la ejecución de operaciones militares extranjeras por parte de ningún país en el territorio nacional. Asimismo, las autoridades subrayaron que esta solicitud de apoyo se enmarca estrictamente en los acuerdos bilaterales ya existentes en la materia y se ciñe a lo establecido tanto en la Constitución de la República como en las leyes vigentes relativas a los acuerdos de cooperación sobre seguridad, ya sea de carácter civil o militar.
Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos abordó la situación a través de su portavoz, Joel Valdez. En un comunicado enviado a CNN, Valdez afirmó que la institución no entrará en especulaciones sobre futuras operaciones ni discutirá asuntos relacionados con la seguridad operativa. No obstante, recalcó que el combate al narcotráfico representa una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, objetivo en el cual buscan avanzar en colaboración con otros países aliados del continente americano.
Valdez añadió que el Departamento de Defensa trabaja conjuntamente con socios en todo el hemisferio para fortalecer el reparto de responsabilidades y fomentar la acción colectiva. Según el portavoz, esto se realiza a través de operaciones que son lideradas por los socios y que están centradas en la disuasión. Bajo el liderazgo del secretario Hegseth, el Departamento continuará colaborando con socios de confianza para defender la patria y asegurar la estabilidad del hemisferio occidental.
Este escenario se desarrolla en el contexto del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump en enero de 2025, quien ha posicionado la lucha contra el narcotráfico como uno de los pilares fundamentales de su administración. En el marco de esta estrategia, el presidente Trump ha designado a grupos criminales de México, El Salvador y Venezuela como organizaciones terroristas internacionales.
Además de estas designaciones, la administración de Trump ha ordenado la ejecución de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. El mandatario estadounidense ha impulsado la creación de una coalición de gobiernos que funcione como un "escudo" anticrimen y ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones militares contra los carteles en otros países.
La situación en Guatemala guarda paralelismos y contrastes con otros países de la región. A principios de marzo, Estados Unidos y Ecuador anunciaron el inicio de operativos conjuntos contra agrupaciones delictivas, medida que el Ministerio de Defensa de Ecuador calificó como una "nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal". Recientemente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, explicó que estas operaciones han sido lideradas siempre por el Ejército ecuatoriano, contando principalmente con asistencia tecnológica y de inteligencia por parte de Estados Unidos.
En contraste, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme frente a las insistencias de Donald Trump sobre la realización de acciones militares contra narcotraficantes en territorio mexicano. La administración de Sheinbaum ha rechazado repetidamente estas propuestas, argumentando que tales acciones constituirían una violación directa a la soberanía nacional de México.
