Este miércoles, el ex agente policial Juan Antonio Gatica se entregó a las autoridades luego de haber permanecido prófugo para evitar el cumplimiento de una condena judicial. La entrega se produjo tras una intensa búsqueda y la emisión de una orden de captura, según informó el medio Cba24n. Gatica había sido sentenciado a cuatro años de prisión por su participación en el encubrimiento agravado del asesinato de Blas Correa, un crimen ocurrido en el año 2020 que conmocionó a la sociedad cordobesa.
La situación judicial del ex cabo se había vuelto definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dejara firmes las condenas en agosto del año pasado. El proceso alcanzó el estado de "doble conforme", ya que, tras la resolución del TSJ, el Alto Cuerpo rechazó el recurso extraordinario que la defensa de Gatica había presentado ante la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado.
Debido a esta confirmación legal, el imputado debía comparecer el pasado 22 de abril ante el Tribunal integrado por los vocales Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Carlos Palacio Laje para comenzar a cumplir su pena. Si bien Gatica había manifestado a su abogado defensor que se presentaría el lunes 27 de abril, finalmente no asistió a la cita judicial y cortó toda comunicación con su representante legal, lo que llevó a que fuera declarado en rebeldía. Gatica no fue el único en evadir la justicia; Leandro Alexis Quevedo, quien también recibió una condena de cuatro años, se dio a la fuga simultáneamente el mes pasado.
El caso que originó estas sentencias se remonta a hace casi seis años, específicamente al 6 de agosto de 2020. El hecho se desencadenó tras un episodio confuso que involucró a dos motociclistas, un grupo de adolescentes y efectivos de la Policía de la provincia. Cerca de la medianoche, Blas Correa, de 17 años, regresaba de cenar junto a sus amigos en un automóvil Fiat Argo. Tras una breve discusión con los motociclistas, se desplegó un operativo policial en el cruce de las calles Vélez Sarsfield y Romagosa, donde los agentes aguardaban el arribo del vehículo.
Según las declaraciones judiciales, el conductor del automóvil, un joven de 18 años, intentó reducir la velocidad para frenar, sin embargo, al notar que uno de los agentes policiales lo apuntaba directamente a la cabeza con un arma, optó por acelerar. El joven relató que, tras pasar al lado del móvil policial, escuchó disparos y el ruido de la rotura de los cristales, momento en el cual observó la luneta del vehículo cristalizada. Otro de los testigos recordó que no escuchó ninguna voz de alto antes de sentir el sonido de un disparo que pasó rozando su cabeza.
Las balas impactaron en el habitáculo del auto y alcanzaron a Blas Correa. La víctima llegó a expresar "me dispararon" y pidió que lo llevaran a un hospital antes de fallecer.
El proceso judicial posterior culminó en un juicio oral y público donde fueron juzgados trece integrantes de la Policía provincial. Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón fueron condenados a prisión perpetua, al ser hallados responsables del homicidio calificado por pertenecer a la fuerza y agravado por el uso de arma de fuego, además del intento de homicidio contra los acompañantes de Correa.
Otras condenas incluyeron al subcomisario Enzo Gustavo Quiroga, sentenciado a cuatro años y ocho meses; a la oficial Florencia Yamila Martínez, con cuatro años y tres meses; y a la agente Wanda Micaela Esquivel, con tres años y diez meses. Asimismo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez recibió una pena de dos años y medio en suspenso por falso testimonio. Por su parte, Leonardo Alejandro Martínez y Rodrigo Emanuel Toloza resultaron absueltos.
La justicia también castigó las maniobras posteriores al crimen. El subcomisario Sergio Alejandro González fue condenado a cuatro años y diez meses por participar en la plantación de un arma para incriminar a las víctimas. Finalmente, los comisarios inspectores Walter Eduardo Soria y Jorge Ariel Galleguillo recibieron penas de cuatro años y nueve meses, y cuatro años y ocho meses, respectivamente, por omitir la denuncia del hecho en los tiempos correspondientes.
