El Poder Judicial ha reprogramado para el próximo 4 de junio la audiencia destinada a revisar la nueva acusación presentada contra Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por el Perú (JP). El proceso se centra en presuntas falsas declaraciones sobre los aportes y gastos de campaña efectuados entre los años 2018 y 2020.
Durante la sesión realizada este miércoles ante el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, el Ministerio Público sostuvo que el procedimiento debe avanzar hacia la emisión de un nuevo auto de enjuiciamiento, permitiendo que Sánchez Palomino pase directamente a la etapa de juicio oral. La Fiscalía ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato, acusándolo de los delitos de falsa declaración en proceso administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones y gastos de organizaciones políticas.
La audiencia estuvo a cargo del magistrado Adolfo Farfán Calderón, quien asumió el despacho tras haber desempeñado funciones en la Tercera Sala Penal de Apelaciones. Un detalle que captó la atención durante la sesión, desarrollada de manera virtual, fue la cordialidad del juez hacia el acusado; tras la acreditación de Sánchez Palomino, el magistrado le agradeció su participación con una sonrisa, respondiendo "muy amable, permiso" y "gracias por su asistencia".
En el aspecto procesal, la fiscal anticorrupción adjunta Gladys Huete Gutiérrez aclaró que en esta fase no corresponde un nuevo debate sobre los elementos de prueba, ya que estos fueron discutidos previamente. Explicó que, debido a que una Sala Superior dispuso el archivo de algunos delitos, solo es necesario sanear la acusación y emitir un nuevo auto de enjuiciamiento para dar cumplimiento a lo resuelto, sin que ello implique una nulidad de lo actuado en la etapa intermedia ni la apertura de un nuevo control de acusación.
La tesis fiscal sostiene que Roberto Sánchez, en su rol de apoderado y representante del partido, habría declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Entre los hechos detallados, la fiscalía señala que en 2018 se recibieron aportes por la suma de S/204,951.36, los cuales fueron depositados en una cuenta personal de su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, quien entonces era presidente del Comité Nacional Electoral de la organización.
Asimismo, el Ministerio Público afirma que hubo falseamiento en la Información Financiera Anual de 2019 y 2020. Específicamente, sobre las elecciones congresales de 2020, se reportó un aporte privado en especie de S/25,000, mientras que la fiscalía sostiene que la recaudación real fue de S/75,750. Además, se mencionó la existencia de una cuenta mancomunada de dos coacusados por S/75,000 que no fue reportada, y un "aporte en bienes" que fue negado por el presunto aportante.
La sesión no pudo entrar al análisis del fondo debido a que la defensa de Manuel Herrada Tello, coacusado en el caso, planteó una nulidad argumentando que no se le notificaron los 160 elementos de convicción del nuevo requerimiento acusatorio, solicitando la reposición del plazo de 10 días para ejercer su derecho de defensa. Por su parte, Carlos García, abogado de Roberto Sánchez, cuestionó la redacción de la acusación fiscal, señalando que no debió consignarse un pedido de sobreseimiento para el delito de fraude en la administración de la persona jurídica, dado que la Sala Superior ya había declarado la improcedencia de acción y el archivo de dichos hechos.
El juez Farfán Calderón decidió suspender la sesión y reprogramarla para el 4 de junio a las 15:30 horas, justificando el aplazamiento en su reciente incorporación al despacho y la carga procesal existente.
Sobre el perfil del magistrado, registros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) indican que Adolfo Farfán Calderón ingresó a la carrera judicial en 2005. En 2023 fue suspendido por presuntos hechos graves, incluyendo denuncias de haber dormido en su despacho en horario laboral, presunto acoso sexual contra una trabajadora y abuso de cargo para mandados personales. Aunque la JNJ lo absolvió de los cargos de hostigamiento sexual y abuso de poder en abril de 2025, lo halló responsable de una "falta grave" por dormir en su despacho. El magistrado fue reintegrado a sus funciones el 29 de mayo de 2025 tras declararse la caducidad de su suspensión.
Paralelamente, Tomas Alberto Soldevilla Guerra, fundador de la disuelta Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), ha ampliado un pedido de habeas corpus para evitar que Roberto Sánchez sea impedido de ejercer cargos públicos. A través de su asesor legal, argumentó que, según la Convención Americana, los derechos políticos no pueden limitarse sin una condena firme, calificando de "inconstitucional" un juicio oral que pudiera desestabilizar el proceso electoral y la transición presidencial.
