El escenario político nacional atraviesa una jornada de alta complejidad, marcada por cuestionamientos a la probidad en el Ministerio de Hacienda, procesos de acusación constitucional y graves denuncias de irregularidades financieras en instituciones públicas. La presión se ha concentrado inicialmente en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación de un reportaje de El Mostrador. La investigación revela que el secretario de Estado omitió información relevante en su declaración de patrimonio, dejando en blanco la sección de potenciales conflictos de interés. Específicamente, Quiroz no mencionó que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de la firma Quiroz y Puelma Arquitectos, empresa vinculada directamente al rubro inmobiliario.
Esta controversia surge en un momento crítico para la gestión del Gobierno, ya que golpea la tramitación de la Ley Miscelánea, un proyecto que contempla exenciones de IVA y la implementación de un sistema de "fast-track" para permisos. Desde los sectores de oposición se ha exigido la rectificación inmediata de la declaración y se ha denunciado una falta de probidad administrativa. En particular, desde Renovación Nacional (RN) han sido enfáticos en exigir que el ministro "se baje del pedestal", intensificando el clima de confrontación legislativa.
En paralelo, el Ejecutivo enfrenta una ofensiva parlamentaria dirigida contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El Partido Nacional Libertario, con el respaldo de Republicanos, ha anunciado una acusación constitucional contra Grau. El motivo de esta acción es una denuncia presentada por el actual ministro Jorge Quiroz, quien señaló la existencia de errores en los cálculos fiscales del gobierno anterior. Según los datos entregados, existe una discrepancia de 9,6 billones de pesos en las proyecciones de deuda del Estado, cifra que equivale a unos US$10.500 millones. El bloque opositor considera que este hecho constituye una infracción a la Ley de Administración Financiera. Por su parte, Grau ha rechazado tajantemente la ofensiva, mientras que sectores críticos califican la denuncia de Quiroz como una "cortina de humo" para desviar la atención de la Ley Miscelánea.
Al respecto, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, admitió que una eventual acusación constitucional contra Grau podría tensionar el debate legislativo. Esta situación ocurre justo cuando la administración busca avanzar en la implementación de la denominada "megarreforma". Si bien Alvarado aseguró que la decisión de proceder con la acusación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, enfatizó que el Ejecutivo mantendrá su disposición para buscar acuerdos.
En el ámbito de la probidad pública, la Junaeb se convertirá en la primera institución en llevar a la Fiscalía los hallazgos de una auditoría realizada por el gobierno actual sobre la administración anterior. El director Fernando Peña y la jefa jurídica Catalina Poblete ingresarán una denuncia formal por irregularidades que superarían los 14 mil millones de pesos. El foco de la investigación es el Programa de Alimentación Escolar, donde se sospechan fraudes en licitaciones, pagos por servicios que nunca fueron realizados y sobreprecios. Además de la acción penal, la entidad recurrirá a la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades administrativas.
Simultáneamente, el sistema judicial investiga la gestión de Codelco. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, señaló que no se descarta citar a declarar a Máximo Pacheco, expresidente del directorio de la estatal del cobre. La investigación se centra en irregularidades relacionadas con la sobreproducción de cobre reportada en 2025. Una auditoría interna detectó que 26.875 toneladas fueron informadas contraviniendo las normas internas en las divisiones de Chuquicamata y Ministro Hales. Se informó que la defensa de Pacheco ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia.
En materia de seguridad, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas emitidas por Camila Vallejo, asegurando que el Gobierno posee un plan estructurado para combatir el delito y el crimen organizado. Arrau destacó que José Antonio Kast fue electo basándose en una estrategia de seguridad que comenzará a implementarse próximamente. El detalle de este plan, que incluye coordinación policial, apoyo territorial y una agenda legislativa con más de 20 proyectos urgentes y refuerzos al Plan Cuadrante, será presentado el próximo martes en el Senado.
En el plano sanitario, la Seremi de Salud de Antofagasta activó protocolos de vigilancia tras el hallazgo de un ejemplar del zancudo Aedes aegypti al norte de la ciudad. El insecto fue detectado por un profesor del Colegio Divina Pastora y confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Las autoridades desplegarán equipos en un radio de 300 metros para eliminar criaderos. No obstante, Salud aclaró que, hasta la fecha, no existen casos autóctonos de dengue, zika o chikungunya en el territorio continental chileno.
Finalmente, en el ámbito internacional, el embajador de Rusia en Chile, Vladimir Belinsky, evitó dar un apoyo explícito a la posible candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU. Durante un foro en la Usach, señaló que Rusia evaluará a todos los candidatos bajo el criterio de imparcialidad. Respecto al perfil del sucesor de António Guterres, Belinsky destacó la necesidad de una figura neutral capaz de impulsar una agenda unificadora y corregir errores. Por otro lado, en Argentina, fueron detenidos dos chilenos buscados por Interpol con circular roja. Ambos están vinculados a robos a deportistas de élite con un botín superior a US$2 millones, incluyendo el robo en la residencia de la familia de Juan Martín del Potro en Tandil.
