La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha tomado una decisión determinante sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café. Tras un prolongado periodo de tensiones y negociaciones entre el Gobierno Nacional y Odinsa Vías, la entidad oficial anunció el rechazo formal a la propuesta de Iniciativa Privada (IP) denominada Conexión Centro. Esta resolución no solo cierra la puerta a una inversión privada masiva, sino que abre la posibilidad de que la propia ANI asuma la administración del corredor vial a partir del año 2027.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue la encargada de comunicar la decisión, señalando que el rechazo se fundamenta en un análisis integral basado en herramientas técnicas y jurídicas. Según la funcionaria, esta determinación ya ha sido materializada mediante un acto administrativo que se encuentra en proceso de notificación a los actores involucrados, asegurando así el cumplimiento del debido proceso.
El conflicto central de esta disputa radicaba en las visiones contrapuestas de las partes. Mientras que el Gobierno Nacional insistía en la terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café, la filial del Grupo Argos, Odinsa Vías, apostaba por la ejecución de la IP Conexión Centro como la vía más viable para el desarrollo de la zona.
Con el rechazo de esta iniciativa, se pierde la oportunidad de ejecutar una inversión proyectada en 7 billones de pesos destinada a la intervención de casi 317 kilómetros de corredores viales. Este proyecto abarcaba los trayectos Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila, e incluía la construcción de cerca de 77 kilómetros de vías nuevas. Además, se estimaba que el desarrollo de esta obra habría generado aproximadamente 54.000 puestos de trabajo.
Desde el sector gremial, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha manifestado su preocupación. Su presidenta, María Consuelo Araújo, subrayó que en este tipo de decisiones deben prevalecer los criterios técnicos, financieros y jurídicos, argumentando que las iniciativas privadas son herramientas fundamentales para cerrar brechas de infraestructura y mejorar la competitividad del país. Araújo advirtió específicamente sobre el riesgo de deterioro vial si la infraestructura pasa a manos del Estado, ya que el Instituto Nacional de Vías (Invías) no contaría con los recursos necesarios para su mantenimiento, lo que podría derivar en una pérdida de los estándares de seguridad y operación.
En el ámbito financiero, la situación presenta retos considerables. La ANI había informado que dispone de 21.000 millones de pesos en excedentes, los cuales podrían utilizarse para subsidiar el no recaudo de las estaciones de peaje que se decidan eliminar. No obstante, estimaciones del sector sugieren que este monto sería insuficiente, alcanzando probablemente menos de un mes de cobertura para el déficit generado por el saldo restante de los siete peajes.
El Gobierno, por su parte, mantiene un enfoque social en su estrategia. La ministra Rojas aseguró que, bajo el nuevo esquema en Autopistas del Café, los usuarios de las categorías uno y dos que residan en las zonas de influencia de los peajes y presenten condiciones especiales recibirán un beneficio significativo: sus tarifas pasarán de pagar 17.800 pesos o más a tan solo 700 pesos.
Frente a esto, Gustavo Ordóñez, director ejecutivo de Odinsa Vías, expresó su inquietud, señalando que las subcuentas destinadas a estos fines suelen utilizarse para inversiones en nuevas obras y el mantenimiento preventivo y correctivo del corredor. Ordóñez advirtió que, si los 21.000 millones de pesos resultan insuficientes, el Estado deberá gestionar recursos adicionales ante el Ministerio de Hacienda para compensar las tarifas diferenciales y cubrir las inversiones ya realizadas por la concesionaria. Según sus cálculos, los recursos requeridos podrían ascender a cerca de 7 billones de pesos, una cifra que considera difícil de asignar dada la actual estrechez fiscal del país.
A pesar de que Odinsa Vías ya no podrá operar en este corredor vial a partir del próximo año, la empresa mantiene un portafolio robusto de proyectos estratégicos. Entre sus activos se encuentran el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Túnel Aburrá Oriente, la Malla Vial del Meta y Pacífico 2, además de concesiones aeroportuarias como el Nuevo Aeropuerto de Cartagena, el IP Perimetral de la Sabana y la iniciativa El Dorado Max.
